Las cifras sobre la evolución del mercado laboral en 2025 ponen de manifiesto el crecimiento desbocado de un sector público que en los últimos ha pasado a ser el primer empleador de España, por encima del turismo, el comercio o la construcción. En circunstancias excepcionales, como la provocada por la pandemia, y a través de rescates o ayudas, al Estado se le exige conservar el músculo de una producción paralizada. En un mercado abierto y dinámico, sin embargo, que 350.000 de los 2.000.000 nuevos empleados contabilizados en España en los últimos cuatro años lo hayan hecho bajo el paraguas de las administraciones públicas representa una grave anomalía que apunta al progresivo estatalismo de la economía –también intervenida a través de las operaciones ejecutadas por el Gobierno en el Ibex –, maquilla la pujanza real de los sectores productivos y dispara la dependencia social de la Administración. Más nóminas, y más impuestos, sin mejora perceptible de los servicios públicos.
