La proclamación de Delcy Rodríguez como 'presidenta encargada' de Venezuela, tras la captura y traslado de Nicolás Maduro a Nueva York por fuerzas estadounidenses, marca el inicio de un experimento inédito: por primera vez, una dictadura marxista-leninista con casi tres décadas de arraigo se ve forzada desde el exterior a reformarse desde dentro. El comunicado divulgado por Rodríguez tras su primer Consejo de Ministros no es una mera declaración de intenciones: es el primer paso de una operación diseñada y supervisada por Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio. Que Maduro haya sido apartado no convierte automáticamente a Venezuela en una democracia. Pensar que una dictadura comunista puede regenerarse por voluntad propia sería ingenuo. EE.UU. sostiene que la única vía para desmontar el modelo cubano implantado en Venezuela sin desencadenar una guerra civil pasa, paradójicamente, por quienes lo construyeron. Pero esta lógica entraña enormes riesgos. Rodríguez no es ajena al régimen: ha sido una de sus figuras clave desde los tiempos de Chávez. Ministra de Exteriores, de Hacienda, vicepresidenta y rostro visible del aparato de censura, su perfil no encarna precisamente la ruptura. Aunque ahora ensaye un giro discursivo hacia Trump, el chavismo ha demostrado una notable capacidad de mimetismo. Chávez resistió un golpe y un referéndum; Maduro robó unas elecciones y se mantuvo en el poder pese al rechazo popular. Nada impide que el chavismo repita el esquema: simular reformas, liberar a algunos presos… y conservar el control desde las sombras. La legitimidad política no puede diluirse en fórmulas transitorias avaladas por una potencia extranjera. Venezuela tiene un presidente electo, Edmundo González, cuya victoria fue anulada por el fraude, la coacción y la violencia institucional. Negar ahora esa legitimidad, o sustituirla por un gobierno de compromiso bajo tutela internacional, equivaldría a cometer un segundo atropello democrático, esta vez en nombre del orden. En este contexto, María Corina Machado no es solo una dirigente política: es el símbolo moral de la resistencia democrática. Relegar a quienes sostuvieron la esperanza y pagaron el precio más alto sería una concesión imperdonable y daría oxígeno a los arquitectos del narco-Estado, perpetuando la impunidad. La imagen de un poder extranjero dirigiendo un país independiente, aunque sea de forma 'transitoria', activa reflejos históricos que Iberoamérica conoce demasiado bien: virreinatos, Estados títere, administraciones coloniales con otro nombre. La experiencia reciente demuestra que esas fórmulas rara vez conducen a una democracia plena; al contrario, consolidan élites que se resisten al cambio y perpetúan dependencias. Por eso, Estados Unidos y los demás actores internacionales deben asumir un papel de garantes, no de directores del proceso. Su obligación es proteger la voluntad del pueblo venezolano, no sustituirla. Reducir la libertad de un país al control de sus recursos, como insinuó imprudentemente Trump, es reeditar un viejo patrón de dominación que ya no tiene cabida. La comunidad internacional ha reaccionado con cautela. La Unión Europea ha reconocido que la captura de Maduro puede abrir una vía hacia una transición real, pero también ha evitado respaldar sin reservas la estrategia estadounidense. Ese matiz es clave: no se trata de ignorar la brutalidad del chavismo, sino de evitar que su final sirva para legitimar una nueva forma de imposición. La transición en Venezuela debe construirse sobre la base de la justicia, la verdad y la soberanía popular. Todo lo demás es maquillaje. O, peor aún, continuidad.
