El Ejecutivo no puede declarar la «absoluta» confidencialidad de los expedientes de empresas rescatadas con dinero público del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), como el de Plus Ultra. Hacerlo «conduce a sacrificar por entero el derecho constitucional a la información pública», según advirtió el Consejo de la Transparencia en una resolución del 5 de septiembre de 2024. «Existe un elevado interés público en conocer la justificación» de estas operaciones y ello entronca con someter a escrutinio las decisiones de los responsables públicos «permitiendo a los ciudadanos saber cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan las instituciones públicas», añadió el organismo. En este sentido,...
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