El Partido Popular ha anunciado que ha emprendido una acción conjunta en el Congreso y en el Senado mediante el registro de una batería de preguntas parlamentarias para que el Gobierno explique por qué ha «adulterado» LaLiga a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), «tomando una decisión inédita llamada a pervertir la competición» al permitir la inscripción de los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor por parte del Fútbol Club Barcelona. El principal partido de la oposición considera que este paso «ensucia la reputación del principal y más popular campeonato deportivo de España». «Algo intolerable y que ha llenado de indignación a millones de aficionados al fútbol en nuestro país», añade en un comunicado. Y considera que la admisión de la medida cautelarísima por parte del CSD « no sólo incumple las más elementales reglas de 'fair play' , sino que también consagra el trato de favor de un Gobierno empeñado en generar desigualdades , al tratar de forma diferente a unos frente a otros». Desde Génova advirtieron de que esta «nueva amnistía» no se producirá con su «silencio cómplice» y expresaron su total oposición. En este sentido, avanzaron que «no se van a quedar de brazos cruzados mientras el Gobierno trata de corromper también el deporte», sobre todo cuando el pronunciamiento del CSD se produjo «solo horas después» de que la ministra Pilar Alegría declarara públicamente que el estudio de los 52 folios y 60 documentos de la pieza sería «un trabajo tedioso» y que la RFEF y LaLiga podrían formular alegaciones antes de la resolución de la medida cautelar. Por ello, el PP quiere que el Ejecutivo aclare por escrito, «plasmando negro sobre blanco una decisión que puede causar el peor de los precedentes en el fútbol español», si «tiene constancia del acuerdo de la Comisión de Control Económico de LaLiga y los parámetros por los que consideró que el Fútbol Club Barcelona incumplía los requisitos presupuestarios de 'fair play'». También pretende que esclarezca si esta decisión «se ha tomado en base a argumentos estrictamente jurídicos» y si el Gobierno y el CSD consideran «que el sistema de control económico de LaLiga queda de facto desactivado con esta decisión». Y reclama que se publique de «manera íntegra» toda la documentación relacionada con esta decisión «para asegurar la transparencia del proceso». En total, el principal partido de la oposición formula hasta 16 preguntas. Y recuerda el precedente de Pedro León, cuando el CSD negó la cautelar al Getafe CF en 2014, o los casos de Okazaki con el Málaga CF y Kike García con la SD Eibar, «clubes que no cumplían los requisitos del control económico de LaLiga» y «tuvieron que asumir el consiguiente perjuicio».
