Varapalo judicial a la estrategia del Grupo Parlamentario Socialista para implicar a la cúpula de la Junta de Andalucía en el caso sobre el presunto abuso de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre los años 2021 y 2024, cuando ya había decaído la norma que amparaba este tipo de adjudicaciones directas con motivo de la pandemia del covid. En un auto dictado el pasado 7 de enero, al que ha accedido ABC, el juez de Instrucción número 13 de Sevilla, Javier Santamaría Leo, ha rechazado ampliar la investigación inicialmente abierta contra tres gerentes del SAS , como habían solicitado los 30 diputados autonómicos del PSOE, que apostaban por hacer una «revisión general» de los contratos de la agencia pública sanitaria e involucrar en el supuesto fraude a la cúpula del Gobierno de Juanma Moreno. Es la respuesta del magistrado al PSOE que había solicitado imputar a siete delegados de compras del servicio de salud por supuestos delitos de malversación, falsedad y organización criminal bajo el argumento de que la cúpula del Ejecutivo andaluz conoció al menos cuatro contratos sanitarios de emergencia cuando la ley lo impedía. El magistrado desmonta el intento del PSOE de elevar el tiro hasta «las más altas instancias de la Junta de Andalucía», como había pedido el principal grupo de la oposición, y advierte de que no aporta ninguna prueba que sostenga dicha acusación. «Si bien se alega que deben existir directrices, instrucciones», el juez le reprocha que « no se aporte documento alguno que permita ni siquiera indiciariamente determinar que existan y que correspondan a los servicios centrales [del SAS], que son los que son objeto de instrucción en estas diligencias» previas. Por esta razón, el instructor del caso acuerda inadmitir la ampliación de la querella presentada el pasado 5 de diciembre por los parlamentarios socialistas y asegura que «no es competente para conocer de las posibles irregularidades provinciales que no tengan relación con los servicios centrales». Añade que « no existe justificación para asumir este Juzgado la ampliación de la querella de todos los incumplimientos , no se puede extender a toda la contratación ni hacer una revisión general que no corresponde a este Juzgado, estando limitada la instrucción al expediente 110/21 (contratos de servicios) y al expediente número 2/21 (contratos de obras, ejecución de la segunda fase de obras del Hospital Militar Vigil de Quiñones de Sevilla)». En su ampliación de denuncia, los socialistas apuntaban a una supuesta responsabilidad penal del consejero de Salud o a miembros del Consejo de Gobierno , es decir, por encima de los tres cargos investigados actualmente, que son la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García, y sus dos predecesores en el puesto. « Las más altas instancias de la Junta de Andalucía habrían necesariamente tenido un cabal conocimiento y habrían consentido la descrita contratación corrupta en el área de emergencia del SAS […] El propio Consejo de Gobierno tuvo necesariamente que advertir que se estaba produciendo una clamorosa cadena de contrataciones ilegales en el seno del SAS […] conociendo las irregularidades y graves ilícitos producidos en la contratación del SAS , no actuó, sino que consintió o toleró, y no frenó la práctica que hoy se revela como patentemente infractora del orden penal», esgrimieron los socialistas en la ampliación de querella presentada. La Fiscalía también acotó anteriormente la investigación a determinados contratos de emergencia y en un escrito elevado al juzgado aseguraba que dicha causa no supone abrir una « revisión general de la contratación efectuada por la Junta de Andalucía », como pretende el PSOE . En su denuncia, que dio pie a este procedimiento penal, el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz apuntaba la teoría de «los contratos de emergencia no eran más que un colosal fraude que escondía una contumaz voluntad de contratar a dedo a las empresas que se elegían por criterios desconocidos y opacos ». Tanto el Juzgado como la Fiscalía han desinflado las expectativas del PSOE para abrir una causa general contra el Gobierno de Juanma Moreno, coincidiendo con la inminente salida de Juan Espadas de la Secretaría General del PSOE andaluz, quien había armado su estrategia de oposición en torno a esta causa judicial que los socialistas llegaron a comparar con el caso ERE a pesar de calificarlo como un «invento» de la derecha política y mediática con la complicidad de los jueces.
