Los representantes de la Abogacía del Estado en la causa en la que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos, han pedido este jueves al magistrado instructor, Ángel Hurtado, el volcado del móvil del jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso en las fechas abordadas en la causa, entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. Es la segunda vez que lo solicitan. El magistrado lo rechazó ayer y este jueves también ha rechazado la petición, aunque ha dejado la puerta abierta a tenerla en cuenta tras la revisión de las testificales de Rodríguez y uno de los ocho periodistas que también han acudido como testigos en el marco de la investigación. La Abogacía, en busca del origen de la filtración a los medios, solicitó las testificales tanto del jefe de Gabinete de Ayuso como de los periodistas que publicaron, entre el 8 y el 14 de marzo, informaciones sobre la investigación de Hacienda abierta al novio de Ayuso, Alberto González Amador, o el acuerdo al que éste llegó con la Fiscalía. Este jueves, los representantes de los servicios jurídicos del Estado han instado al magistrado a volcar el móvil de Miguel Ángel Rodríguez al apreciar una contradicción entre su testifical y la de un periodista de Eldiario.es. Rodríguez ha sostenido que nadie de dicho periódico digital le llamó antes de publicar, el 11 de marzo, que Alberto González Amador estaba siendo investigado por delitos contra Hacienda. El periodista que ha acudido a testificar en representación de Eldiario.es ha sostenido, en cambio, que le llamó y, al no recibir respuesta, le escribió un mensaje. Aportará un pantallazo para justificarlo. Basándose en dicha contradicción, la Abogacía insiste en volcar los mensajes del móvil de Rodríguez durante esos días. En la causa abierta a García Ortiz se investiga si el fiscal general compartió información reservada a la defensa de González Amador con otras personas, mismo motivo por el que también se investiga a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. La Abogacía del Estado, que defiende a ambos, apunta a que la filtración sobre el pacto entre González Amador y la Fiscalía, que fue publicado en primer lugar en El Mundo, aunque también en otros medios, procedió de Miguel Ángel Rodríguez y descarta que García Ortiz o alguien de la Fiscalía difundiera información reservada del novio de Ayuso antes de que estuviera en manos de los medios, como denunció su defensa. Para aquilatar esta versión, los servicios jurídicos del Estado pidieron la testifical de hasta ocho periodistas que han comparecido entre este miércoles y jueves en el Tribunal Supremo. Todos se han acogido al artículo 20 de la Constitución, que consagra el derecho al secreto profesional de los periodistas para proteger a sus fuentes en conexión con el derecho fundamental de información, para no desvelar el origen de la información.
