El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recordó ayer que el compromiso del Gobierno central de bonificar el coste de los peajes de la AP-53, que conecta Santiago de Compostela y Orense, para usuarios frecuentes sigue sin cumplirse. «Ya veremos cuando se materializa», aunque «en ningún caso» compensa las subidas en los peajes de la AP-9, de titularidad estatal, afirmó Rueda, que las calificó de « tarifazo ». Un asunto al que respondió tras ser preguntado por los periodistas en un acto donde anunció el acuerdo con nueve clústers de sectores emergentes para que desarrollen sus propias microformaciones «específicas», de acuerdo a las necesidades de cada sector , a través de una inversión de 7,5 millones de euros de la Xunta. Unos cursos en áreas como la automoción, el naval, las energías renovables o las TIC con el objetivo de mejorar la empleabilidad en estos sectores claves para la economía gallega. Asimismo, el presidente gallego aprovechó su intervención desde la Cidade da Cultura para reconocer el « p apel fundamental» de estos clústers para el cierre de un 2024 con unos datos económicos de los que Rueda hizo gala. Un mérito que reconoció a «las empresas», sin desdeñar el papel de la Administración autonómica a la hora de crear un «clima de estabilidad para que las compañías «puedan confiar» y sigan realizando su labor. Además del avance del PIB en los últimos años , en los que Galicia pasó de ser la comunidad número 15 en relación a su aportación a la economía española a situarse entre el puesto 8 y 9, Rueda subrayó la buena situación del mercado laboral y de las exportaciones, que batieron un nuevo récord en 2024. «Creo que tenemos muchas amenazas, tenemos muchos retos, pero el año pasado no fue un mal año. Y lo que pretendemos es seguir ayudando para que en el año 2025, con todas las dificultades que hay por adelante, que sea aún mejor a poder ser. Y eso va a depender en gran medida de vosotros», afirmó Rueda dirigiéndose a los representantes de estos sectores emergentes, El titular de la Xunta defendió la firma de este tipo de convenios, recomendando al Gobierno central la toma en consideración de estas medidas para reducir la «rigidez» actual de los sistemas formativos . «Una formación que es casi siempre muy específica, que necesita mucho dinamismo y que tiene que ser muy rápida, inmediata», al igual que «los encargos y las oportunidades que surgen en las empresas», apostilló. Más allá de la formación y las bonificaciones de la AP-53, el presidente de la Xunta también reclamó el traspaso de la gestión del litoral a la Comunidad, una de los objetivos que mantiene desde principios de legislatura y que sigue estancado a pesar de que ya es efectiva en el País Vasco, que la solicitó después de que el Tribunal Constitucional dirimiese que el caso gallego era viable a pesar de la negativa por parte del Gobierno central. A propósito de las declaraciones del delegado del Gobierno en la Comunidad, Pedro Blanco, que acusó a la Xunta de «reducir sistemáticamente las aportaciones de la Risga » (Renta de Inclusión Social de Galicia), Rueda recriminó «la deuda de 2.000 millones de euros» en la que incurre la comunidad gallega por no recibir la aportación correspondiente del Gobierno central de la ley de dependencia (el 50%). «Cumplan eso y a partir de ahí empezamos a hablar», sentenció.
