La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, asociación que logró la firma de un manifiesto contra la politización de la justicia por parte de 1.400 togados, pide la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante la crisis «sin precedentes» en la que ha sumido a la institución. Cada día que permanece en el puesto «el prestigio de la institución se deteriora hasta límites inaceptables», dice. Recuerda esta plataforma, que aglutina a jueces, juristas y otros profesionales del Derecho, que «jamás en nuestra historia la cúpula del Ministerio Público se había visto implicada en actividades delictivas «. »Con ser gravísimo el hecho en sí mismo considerado, resulta incluso más preocupante« porque las conductas que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) atribuye a García Ortiz le vinculan »a una trama de corrupción política destinada a la utilización partidista de las instituciones públicas«, señala en un comunicado. Apunta la plataforma que el fiscal general, como cualquier otro ciudadano, «disfruta de la presunción de inocencia mientras no se pruebe otra cosa« en procedimiento judicial, pero «en las condiciones actuales ha perdido ante la opinión pública la mínima confianza que requiere su alta posición institucional». Y es que en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), «no debe subsistir la más mínima duda acerca de la imparcialidad de las autoridades judiciales, extensible en el caso español al Ministerio Fiscal, al ubicarse su regulación constitucional en el mismo título que el dedicado al Poder Judicial». A su juicio, mientras no se garantice la independencia del Ministerio Fiscal, con absoluta desconexión del poder político, «se corre el riesgo de que los medios del Estado se instrumentalicen para la satisfacción de inconfesables intereses ilícitos». De ahí, apunta, la necesidad de que la Fiscalía no sólo esté dotada de autonomía, sino de «plena independencia».
