«Por cualquier medio que sea, voy a estar allá». A muchos periodistas les llamó la atención la contundencia con que Edmundo González Urrutia respondió en Buenos Aires a la pregunta de si este día 10, fecha en la que debe asumir un nuevo presidente en Venezuela, estará en Caracas. Obviamente, no entró en detalles sobre cómo piensa hacerlo. Sin embargo, sus últimos movimientos, que incluyen una visita a Estados Unidos tras pasar por Argentina, donde el presidente Javier Milei le dispensó un trato protocolario de jefe de Estado –con el ritual de saludar a la multitud desde la mítica Casa Rosada– y su paso por Uruguay, donde se entrevistó con el mandatario saliente, Luis Lacalle Pou, han conseguido poner nervioso a Nicolás Maduro, que ha blindado la capital venezolana con todo su elenco de policías políticas y fuerzas represivas. Llama la atención de la oposición el escaso protagonismo del Ejército, dos de cuyas unidades de élite se encargan de la protección personal del presidente. Esto, junto con las informaciones de deserciones y absentismo entre los militares, aprovechando las fiestas de fin de año, unido a las dificultades que ha tenido el régimen en los últimos meses para contratar nuevos efectivos y reforzar otras unidades, ha hecho que, como ocurre en todo régimen dictatorial apalancado en el oscurantismo, la capital venezolana sea ahora un hervidero de rumores. A falta de un acto de audacia el próximo viernes, dado que un gesto de contricción democrática por parte de Maduro está descartado, lo más probable es que el dictador venezolano tome posesión del cargo, después de robar el resultado de las elecciones de julio pasado. Cabe recordar que mientras la oposición sí ha exhibido los comprobantes de las actas electorales, que demuestran que la victoria de Edmundo González era irremontable para el chavismo, Maduro ni siquiera ha vuelto a aludir a las actas. Con su investidura se volverá a plantear la cuestión de la doble legitimidad del régimen que ya se vivió con Juan Guaidó. La principal diferencia es que entonces se trataba de la legitimidad del poder legislativo frente al ejecutivo, pero ahora se trata de Nicolás Maduro contra el pueblo: un ambicioso régimen 'de facto' de una élite cleptocrática contra seis millones de ciudadanos que, desafiando el miedo, votaron por expulsarlo del poder. Maduro ha contado con la ventaja de que el mundo ha adoptado, en términos generales, tres posiciones frente al fraude electoral. Por una parte, sus aliados –Rusia, Irán, Cuba, Nicaragua y China– han mostrado una obsecuencia sin límites frente a sus tropelías. Un segundo grupo de países, encabezados por Estados Unidos y por instituciones como el Parlamento Europeo, han reconocido a Edmundo González como 'presidente electo', y el tercer grupo, integrado por gobiernos de izquierda de Iberoamérica como Brasil y Colombia han evitado pronunciarse con la esperanza de que pudieran mantener abierta la interlocución con Maduro para reconducirlo por una senda democrática. Un caso aparte es el de España, cuyos servicios al régimen de Maduro han sido evidentes. El caso más flagrante es el del exilio de Edmundo González en Madrid. El Gobierno caracteriza su actuación como 'humanitaria', pese a que experimentados diplomáticos españoles consideran que en realidad se desprotegió a González, que estaba acogido en nuestra legación en Caracas bajo normas internacionales, y se le expuso a una negociación con el régimen desde una posición de gran debilidad. Precisamente el regreso de González a su país es ahora la cuestión crítica de los próximos días.
