YA empieza a ser una tradición consolidada que con el Gobierno de Pedro Sánchez los españoles nos enteremos por los comunicados del régimen de Rabat o por filtraciones de las decisiones que afectan a nuestras relaciones bilaterales. Así ha ocurrido con el cambio de posición del Gobierno español respecto del Sahara, rompiendo una política de Estado que apostaba por una solución multilateral en el seno de las Naciones Unidas, y modificando incluso la actitud histórica de los socialistas y de la izquierda radical respecto del pueblo saharaui, lo que constituye un precedente difícil de ignorar en el futuro. Da la impresión de que con el acuerdo para abrir las aduanas de Ceuta y Melilla estamos en una situación parecida. No se entiende la política de ocultación salvo que estemos ante alguna concesión vergonzosa, como ya ha sugerido el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, y como advierten los empresarios de la ciudad. La aduana entre Marruecos y Melilla fue cerrada unilateralmente por el reino alauí el 1 de agosto de 2018. El Gobierno de Sánchez, que entonces acababa de constituirse tras ganar la moción de censura que derribó al de Mariano Rajoy, ni siquiera se preocupó por protestar ante una medida tan inamistosa. Los nacionalistas marroquíes siempre habían considerado que la existencia de esa aduana era una forma de reconocimiento de la soberanía española en Melilla y por eso se niegan hasta el día de hoy a reabrirla y a construir otra nueva en Ceuta. La situación es paradójica porque en 1956, cuando Marruecos alcanzó su independencia, el régimen de Francisco Franco la quiso cerrar, pero el rey Mohamed V, abuelo del actual monarca, pidió que se mantuviera abierta para exportar los minerales del Rif. La situación se complicó aún más en marzo de 2020 cuando Marruecos cerró, de nuevo unilateralmente, los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla con la excusa de la pandemia. Sólo en abril de 2022, el presidente del Gobierno acudió a Rabat para reunirse con el rey de Marruecos y obtuvo la promesa de que se reabrirían pasos y aduanas. Esta fue la contrapartida más tangible conseguida por España después de que Sánchez ratificara ante el rey su cambio de posición sobre el Sahara. Los detalles que están trascendiendo sobre el acuerdo indican que la aduana de Melilla difícilmente será acreedora de tal nombre. Sólo operará seis horas en días laborables y se permitirá el paso de solamente un camión, sin remolque, entre las ciudades autónomas y Marruecos, y viceversa. Desde Marruecos se podrán exportar los alimentos y materiales de construcción que ya entraban en Melilla sin limitaciones antes de 2018. En sentido contrario, se pactará una lista que aún se desconoce. La propia delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha admitido que la aduana no será como la que existía. Para evitar las críticas, ha presumido en la televisión local de que «estamos hablando de una aduana comercial del siglo XXI». Por lo visto, las aduanas modernas son una versión jibarizada de las del pasado. El presidente de Melilla ha declarado que una aduana bajo estas condiciones «es mejor no tenerla». «Melilla sería considerada una ciudad marroquí más», ha dicho, al quedar anulada la aduana comercial que existía con la Unión Europea. Los empresarios locales, que llevan años esperando para relanzar el sector comercial, también se han mostrado decepcionados. Después de casi tres años, el Gobierno va a cosechar lo que su falta de decisión y valor a la hora de defender los intereses de España le permite conseguir: una aduana para un camión al día.
