Donald Trump jurará el próximo 20 de enero en la escalinata del Capitolio su cargo de presidente de EE.UU. como convicto de delitos. Juan Merchan , el juez de Nueva York que supervisa la única de sus cuatro causas penales por la que ha ido a juicio, ha determinado por sorpresa este viernes mantener la declaración de culpabilidad que pesa sobre el multimillonario neoyorquino y establecer para el próximo viernes 10 de enero su vista de sentencia. En el escrito en el que Merchan anunció su decisión, el juez aseguró que no impondrá penas de cárcel, ni multas económicas, ni libertad condicional al próximo presidente de EE.UU. En su lugar, explicó, su intención es imponer un 'unconditional discharge', es decir, una sentencia en la que no hay pena. Trump fue declarado el pasado junio culpable por un jurado popular de Nueva York de los 34 cargos por falsificación de documentos financiero s que le imputó la fiscalía. Se trata de la causa relacionada con los pagos que Trump realizó en 2016 para silenciar una relación extramatrimonial con una actriz porno, Stormy Daniels, que le podía haber sido perjudicial en la primera elección que ganó. En las otras tres causas penales, la defensa de Trump fue capaz de entorpecer y retrasar los procesos hasta la elección del pasado 5 de noviembre. Su victoria en las urnas y la protección presidencial ante investigaciones penales enterraron esas causas. Pero no esta de Nueva York, que ya se había ventilado. La decisión de Merchan implica que Trump volverá a hacer historia: en su investidura se convertirá en el primer presidente de EE.UU. condenado por delitos. Es algo que la defensa del líder republicano buscaba evitar a toda costa. Sus abogados exigieron la desestimación de la causa, ya que su supervivencia y la fase de sentencia suponen, en su punto de vista, la violación de las leyes que protegen la transición presidencial -el periodo entre la victoria electoral y la investidura- y la inmunidad de la que gozan los presidentes, ampliada por una reciente sentencia del Tribunal Supremo. «El acusado no ha presentado argumentos válidos para convencer al tribunal», explicó Merchan en su escrito. «No hay precedente que otorgue que una persona, al convertirse en presidente, pueda de forma retroactiva desestimar o eliminar actos criminales anteriores, ni proporciona una inmunidad general al presidente-electo». El juez tampoco siguió la posición de la fiscalía, que buscó que la sentencia se pospusiera hasta que acabe el segundo mandato de Trump -y con él su inmunidad presidencial- o incluso no celebrar esa vista. Para Merchan, su obligación es imponer una vista de sentencia antes de que se produzca la investidura de Trump, que será el mencionado 10 de enero. El presidente-electo se enfrentaba a una pena de cárcel de hasta cuatro años por esa declaración de culpabilidad, pero Merchan razonó que lo más indicado es imponer una sentencia sin pena. En su opinión, es la «solución más viable para asegurar la finalización del proceso y permitir al acusado que vaya a por sus posibilidades de recurso». Es seguro que Trump acuda a ellas y que busque eliminar su condena en tribunales superiores. Pero es ciertamente difícil que lo logre antes de su investidura. La vista de sentencia se celebrará en los mismos juzgados del sur de Manhattan donde Trump se sentó a diario en el banquillo de acusados y cuyos pasillos convirtió cada día en un mitin político. El juez le permitirá aparecer en persona o por videoconferencia.
