Las últimas condenas de cárcel a los propietarios de una finca que sobreexplotaban el agua del acuífero que nutre al Parque Nacional de Doñana y las medidas de protección del Gobierno y la Junta de Andalucía no disuaden a los infractores. Durante una inspección rutinaria, agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico , han descubierto tres zacayones o excavaciones en el terreno para la obtención ilegal de agua en la zona del arroyo de La Cañada, en el término municipal de Almonte (Huelva). Las obras se habían realizado para utilizar de manera clandestina la balsa de agua subterránea que nutre en gran medida los humedales del espacio natural de Doñana . Los recursos hídricos se empleaban para regar cinco hectáreas de fresas fuera de la zona agrícola regable delimitada en el Plan Especial para la ordenación de la corona forestal del parque, según informa este viernes la CHG en un comunicado de prensa. Las excavaciones se ejecutaron dentro de la zona de policía -espacio de mayor protección en los márgenes de los ríos- del arroyo de La Cañada y las aguas detraídas son tanto superficiales, procedentes del propio cauce, como subterránea dada la profundidad de las zanjas. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir prevé abrir un expediente sancionador contra la explotación agrícola para proteger los recursos hídricos y salvaguardar los intereses generales. En el marco de la actuación, no se descarta asimismo la adopción de medidas cautelares que impidan la continuidad de los hechos detectados. Durante 2024, la CHG ha redoblado sus tareas de control, vigilancia y protección del dominio público hidráulico. Dicha actuación coincide con el acuerdo dotado con 350 millones y suscrito por la anterior ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera , y el presidente andaluz, Juanma Moreno , que puso fin a dos años de desencuentros con medidas orientadas a una reconversión de cultivos y de actividad económica para rebajar la presión sobre el acuífero de Doñana en la comarca onubense de El Condado y otros nueve municipios situados en el anillo del parque, entre ellos, Almonte. Gobierno y Junta ofrecen hasta 100.000 euros por hectárea a los agricultores de la corona forestal por eliminar sus invernaderos. Durante el pasado año en la demarcación del Guadalquivir se han analizado 11.000 hectáreas y efectuado 400 inspecciones, en las que se han detectado 2.374 hectáreas en riego no autorizadas y 120 captaciones ilegales que dieron lugar a la adopción de 76 medidas cautelares. Las zonas principales de actuación han sido el entorno de Doñana, la Comarca de Baza y el Guadiana Menor en Granada , el Sistema de Regulación General y los cultivos de cítricos y olivar en Córdoba, Sevilla y Jaén. Todos los planes de inspección han sido elaborados gracias a procesos de tratamiento y análisis de datos, cartografía y teledetección.
