El 4 de enero de 2022 se vino el mundo abajo para las familias de Vera y Cayetana . Se encontraban en la feria navideña de la localidad valenciana de Mislata cuando de repente el viento levantó por los aires el castillo hinchable en el que se encontraban jugando un grupo de menores, en el que se encontraban estas pequeñas, que finalmente perdieron la vida. Tres años después, el caso continúa paralizado en los juzgados con hasta cuatro magistrados diferentes y cinco prórrogas a la espera de aclarar la presunta negligencia del consistorio municipal en la instalación de las atracciones. Según ha podido saber ABC, el pasado 19 de noviembre el Juzgado de Instrucción número cuatro de Mislata amplió el plazo de instrucción otros seis meses más , con el objetivo de examinar «diversas cuestiones» relativas a la posible responsabilidad del nuevo miembro del Ayuntamiento de Mislata cuya declaración ha sido solicitada por la acusación y que podría derivarse nuevas diligencias a practicar. Se trata de la quinta prórroga que efectúa la Justicia respecto a un caso que conmocionó a la localidad valenciana y a toda España por la muerte de dos niñas de cuatro y ocho años. Según explica la familia de Vera, una de las víctimas, no habían comunicado este avance judicial debido a que «en estos momentos tocaba informabas de la dana y sus tristes consecuencias». «Ahora, en vísperas del día que arruinó nuestras vidas, seguimos insistiendo en conocer las respuestas que no ha dado el ayuntamiento y que tenemos derecho a reclamar», argumentan a este periódico. De esta manera, la instrucción se alargará al menos hasta el próximo mes de mayo, donde permanecen investigados los dos feriantes, su ingeniero y el técnico de Mislata, también ingeniero. « Entre ellos se echan la culpa y tratan de huir de las sombras», critican. Los padres de Vera afean a la Fiscalía y a los jueces que «no se decidan en citar a algún responsable del ayuntamiento que aporte las respuestas». «Solo pedimos que no quede impune la actuación de cualquier persona implicada en la cadena de negligencias, sea feriante, ingeniero, funcionario o cargo público. No nos interesa la política, solo nos mueve el sentido común de reclamar justicia para quienes pudieron provocar su muerte», insisten. Así, solicitan al magistrado que cite al concejal que debió aprobar la licencia de actividad de la feria y la del que permitió abrir el recinto sin tener dicha autorización. «En ningún momento hemos reclamado su imputación», remarcan, sino que «apelamos a la responsabilidad política del hombre que camina entre el fango con los zapatos impolutos, sin salpicarse los bajos del pantalón». En la instrucción restan todavía diferentes incógnitas en torno a la tragedia acontecida en la feria de la localidad colindante a Valencia ciudad. Por ejemplo, si el ingeniero de Elche, uno de los investigados, tenía en vigor la certificación OCA y su revisión fue valida, puesto que su móvil lo sitúa el día del examen en Alicante y no en el recinto de atracciones. En paralelo, en el informe que remitió la Policía Nacional al juzgado quedaba constatado que el castillo hinchable tenía algunas cuerdas rotas y deterioradas , aunque este documento no concluyó que se puedan derivar responsabilidades penales para el propietario de la atracción. Al respecto, el dossier fotográfico de los agentes policiales recogió la existencia de cinchas rotas atadas a una farola, otra desgarrada y en mal estado y otras más seccionadas o con nudos a mitad de cuerda. Los testigos afirmaron, según recoge la Policía, que en el lateral derecho que se levantó por el viento no vieron que el castillo estuviera atado, mientras que otros testimonios no lo recuerdan con exactitud.
