No hay balance cierto de muertos en las rutas de la inmigración ilegal hacia cualquiera de los puntos habituales de destino en España. Las cifras oscilan entre los más de 10.000 fallecidos, según cálculos de la oenegé Caminando fronteras, y los 1.400 de los que informa la Organización Internacional para las Migraciones, que depende de Naciones Unidas. Aunque esta diferencia de resultados es relevante para cuestionarse sobre la solvencia de estos datos, no lo es para atestiguar que la inmigración ilegal es una tragedia que se salda con cientos de vidas. Tampoco hay que equivocarse a la hora de establecer responsabilidades directas, porque están perfectamente ubicadas en las organizaciones mafiosas que, con la implicación directa de las autoridades de los países de origen, se lucran embarcando a jóvenes engañados con un vida idílica que les espera al otro lado mar Atlántico o del Mediterráneo. Si los Estados de los que salen miles de migrantes a diario tuvieran verdadera voluntad de poner fin a esta pesadilla, podrían hacerlo, porque sus dirigentes saben dónde están los puntos de salida, quiénes organizan las rutas a España y quiénes se lucran con la vida de sus jóvenes. Las islas Canarias representan, injustamente, la imagen de la inmigración ilegal en Europa. En 2024 habrán recibido a cerca de 50.000 inmigrantes. Solo en el último fin de semana llegaron mil de ellos a sus costas. Son los registros más altos de inmigración irregular en nuestro país. La Administración canaria está desbordada por las demandas de atención humanitaria que precisan los inmigrantes, especialmente los menores de edad, a los que legalmente se les debe ofrecer una protección especial, algo que las mafias saben bien, porque dan por hecho que nuestro país, por mandato leal y por solidaridad, no desampara a los niños y jóvenes que llegan a su territorio. Lo que para España es un deber jurídico y ético, para las mafias de seres humanos es una oportunidad inmejorable de negocio. Más de 5.000 menores han sido atendidos por las autoridades canarias, en un contexto de disputa con el Gobierno de Pedro Sánchez por implantar procedimientos más realistas para la determinación de la edad de los inmigrantes que dicen ser menores de edad y de su filiación y origen, para propiciar en lo posible su retorno. Mientras Italia ha reducido drásticamente la llegada de inmigrantes a sus costas, el Gobierno español no ha conseguido ningún resultado que siquiera se acerque a los del Ejecutivo de Giorgia Meloni. Un par de viajes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y otro de Pedro Sánchez, son todo el esfuerzo político sobre el terreno que ha desplegado el Gobierno español en el África subsahariana. Frente a esta ineficacia, vuelve a destacar la entrega de los servicios de Salvamento Marítimo, de la Guardia Civil, de los funcionarios destacados en los países africanos de origen. La incomunicación con la Unión Europea es incomprensible, porque Bruselas ha de asumir la colaboración con España en la protección de su frontera sur y en la asunción de costes por el acogimiento de inmigrantes. La política migratoria del Gobierno de Sánchez es un fracaso, en términos cuantitativos y cualitativos. No sabe o no puede pactar con los países de origen y es incapaz de iniciar una negociación de buena fe con el Partido Popular y de ofrecer a Canarias un plan de colaboración efectiva. Habrá que confiar en que no se lo reserve como contrapartida a Coalición Canaria por romper su coalición de gobierno con el PP. Sin lealtad institucional ni sentido de Estado, cualquier opción es posible para La Moncloa.
