La Justicia de Argentina ha ordenado la detención del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por crímenes de lesa humanidad en el marco de un caso abierto bajo el principio de jurisdicción universal. Así lo ha confirmado Dario Richarte, el abogado que promueve el caso contra Ortega desde 2022 , en un mensaje publicado en la red social X. «Un poco de luz entre tanta oscuridad. Un poco de justicia para tantas víctimas», ha agregado. El juez federal argentino Ariel Lijo ha solicitado a la Interpol que se pida su captura internacional a través del sistema de alertas rojas y ha citado a declarar a Ortega y a Murillo por violación de Derechos Humanos. Las mismas medidas también se han impuesto contra otros altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, según el portal de noticias Infobae. Esto se produce después de que el fiscal Eduardo Taiano abriera una investigación el pasado mes de octubre para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad como detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada o torturas. La denuncia, que se basa en el artículo 118 de la Constitución sobre jurisdicción universal , fue presentada por el abogado Richarte y un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ante el clima de represión que se vive en el país desde las protestas antigubernamentales de 2018. El Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) ha celebrado este lunes la decisión en una publicación en redes sociales. «Desde cada espacio posible sigamos actuando con firmeza para poner fin a la impunidad», ha subrayado. La Justicia argentina ha aplicado con anterioridad el principio de jurisdicción universal a casos como el de 2010 en el que abrió una investigación penal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante el régimen franquista . En noviembre de 2021, la Justicia argentina admitió a trámite una denuncia para juzgar los crímenes perpetrados contra la minoría rohingya durante décadas por las autoridades birmanas en el estado de Rajine.
