La lenta llegada de las ayudas , en general, para los afectados de la dana en la provincia de Valencia, en el caso particular de los agricultores y ganaderos, ni siquiera va a retrasarse porque en su amplia mayoría están excluidos . Como los requisitos impuestos por el Gobierno no cubren a los productores a tiempo parcial y a los jubilados, más del 80% se quedan fuera. Los pagos directos y mínimos de 5.000 euros ya tienen ese doble condicionante, tal como denunció la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), mientras que los fondos para las explotaciones que sufrieron pérdidas superiores al 40% en comparación con sus ingresos medios de los últimos años –según las peritaciones de Agroseguro– tienen un límite máximo de 20.000 euros. Ambas subvenciones son acumulables, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez había anunciado hasta 150.000 euros de cobertura, sólo que esa cifra más generosa únicamente se reserva para empresas con un volumen de negocio de más de dos millones anuales, cuando la inmensa mayoría no la alcanzan. Ante estas perspectivas más cicateras para la recuperación, sobre todo con esa ayuda directa de 5.000 euros, el presidente de esta organización agraria, Cristóbal Aguado , ha exigido al Gobierno que « no discrimine a ningún productor que haya sufrido los estragos del temporal, las personas trabajadoras de otros sectores que dedican parte de su tiempo a cultivar campos y, sobre todo, los jubilados que mantienen la explotación familiar porque no tienen relevo generacional, se merecen un premio». En cuanto a la otra financiación, lamenta que «limitar las ayudas complementarias de 'minimis' a un tope de 25.000 euros es irrisorio ante la magnitud de inversiones que requieren explotaciones arrastradas o incluso desaparecidas, es una tomadura de pelo». Aparte de este problema, desde La Unió Llauradora i Ramadera señalan que falla la «coordinación» entre las administraciones central y autonómica hasta el punto de que la Generalitat Valenciana añadió diez municipios a la lista de afectados por la riada que el Gobierno ignoró y no financiaba. Estas exclusiones se encuentran en la provincia de Castellón , donde las fuertes lluvias causaron daños en el campo aunque la catástrofe no se cobrara vidas. Carles Peris, secretario general de La Unió, ha reclamado la « urgente » modificación de esa normativa porque en caso contrario «habrá personas que se quedarán sin poder reconstruir su actividad agraria, por lo que es fundamental para evitar desigualdades y reactivar el sector». La partida global del Ministerio se eleva a 12 millones de euros para infraestructuras y, de momento, se amplió el listado de pueblos con los que faltaban de Valencia. Fuera del ámbito agrario, el auxilio económico se están canalizando con más rapidez a los damnificados desde fuera de la instituciones y la burocracia. «En AVACU tenemos constancia de que hay ayudas de iniciativa privada , de empresas, que sí han llegado a los afectados, aunque queda aún parte en manos de los ayuntamientos y no han publicado las bases de cómo repartirlo». En cuanto a «las de la Generalitat Valenciana, van llegando y se están ingresando poco a poco, mientras que las resoluciones del Consorcio de Seguros para fijar las indemnizaciones de casas y coches dañados, lo mismo, lentamente», detallaron ayer desde la Asociación Valenciana de Usuarios y Consumidores. En cuanto a las subvenciones estatales, «parece que hay menos constancia de que estén llegando», añadieron.
