Los dos meses que la ley de Amnistía preveía para su aplicación efectiva por parte de los tribunales van camino de convertirse, en el mejor de los supuestos, en un año desde su entrada en vigor, el pasado 15 de junio. Al menos para aquellos para quienes se hizo ese perdón a medida : los líderes independentistas de los que depende la legislatura de Pedro Sánchez y que tienen todas sus esperanzas depositadas en el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido, el mismo que en julio borró la malversación del caso ERE 'indultando' el mayor escándalo de corrupción que en términos cuantitativos se ha vivido en España. Aunque el órgano de garantías asume como una de sus prioridades el pronunciamiento...
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