En los próximos días declararán en la Sala Segunda del Tribunal Supremo los fiscales de Madrid a los que Álvaro García Ortiz involucró en la filtración de correos confidenciales sobre la pareja de Díaz Ayuso. También en el mismo órgano se recibirá la respuesta, previsiblemente favorable, al suplicatorio solicitado al Congreso de los Diputados para interrogar formalmente al ex ministro José Luis Ábalos, como paso previo a su probable imputación. Además, los jueces de instrucción que investigan a Begoña Gómez y a David Sánchez, esposa y hermano del presidente del Gobierno, seguirán con sus investigaciones, respaldadas hasta el momento por las Audiencias Provinciales de Madrid y de Badajoz. El PSOE y La Moncloa ven pasar los días sin que estas causas judiciales decaigan. Todo lo contrario. Asisten a un crecimiento continuado de indicios de delitos y prácticas inmorales que van extendiendo el número y la relevancia de implicados. La medida de la preocupación socialista es la agresividad ascendente de las descalificaciones que vierten los portavoces del Gobierno y del PSOE contra los jueces. Hay una finalidad estratégica en esta confrontación de los socialistas con la Justicia: crear la apariencia de una disputa mano a mano entre la política y la Justicia, con el abandono por parte de los jueces de su deber de imparcialidad. La última versión de este eslogan la ofreció el ministro Óscar Puente al afirmar que «el Supremo, Fiscalía, juzgados» bailan al son que marca Díaz Ayuso. Toda obcecación –como la del PSOE con la presidenta de Madrid– acaba nublando la inteligencia. Para los socialistas, que los jueces hagan su trabajo con normalidad es una provocación; que investiguen a las personas de confianza de Pedro Sánchez es una muestra de activismo político y de sumisión al Partido Popular. Es la teoría demencial de «las cartas marcadas» patrocinada por el líder socialista. La izquierda se espolea contra los jueces con una idea muy próxima al denostado «Derecho Penal de autor»: ningún protegido de Sánchez puede haber cometido delito y, si lo ha cometido, no puede ser investigado. Lo que hace excepcionales las investigaciones judiciales no es que estas existan, sino el ataque sistemático, planificado y premeditado de la izquierda contra la Justicia precisamente por esas investigaciones. Retrata la doble moral del PSOE que se queje de la incidencia pública de la acción de la Justicia cuando la moción de censura que llevó a Sánchez a La Moncloa fue una frase contra el PP metida con calzador en una sentencia que no era siquiera firme. Pese al despropósito antidemocrático que representa esta agresión verbal continua a los tribunales, en realidad expresa el estado de ánimo frustrado en el Gobierno por no haber podido controlar la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, después de su renovación. Tras años de bloqueo, la mediación europea sentó al Gobierno y al PP a negociar un acuerdo para nombrar veinte nuevos vocales y una propuesta de despolitización futura del órgano de gobierno de los jueces. Con lo que el Gobierno no contaba era la autonomía de criterio de varios de los vocales progresistas, que dio como resultado la designación de Isabel Perelló para la presidencia del CGPJ. Tampoco Perelló está haciendo nada excepcional, si no se considera excepcional defender la independencia judicial y la separación de poderes. Lo excepcional es la causa que obliga a Perelló a hacerlo: el acoso del Gobierno y del PSOE a los jueces molestos. Si 2024 ha sido un año turbulento para la Justicia, 2025 no va a darle un descanso, salvo que el PSOE deje de sentirse amenazado cada vez que un juez pregunta a un socialista o a un familiar de Sánchez.
