El Tribunal Constitucional elaboró una doctrina exculpatoria a la medida de los condenados por las sentencias dictadas en los procesos por los ERE aprobados por los gobiernos socialistas de Andalucía. Su extravagante configuración del delito de prevaricación se llevó a cabo suplantando la competencia exclusiva y excluyente de la Sala Segunda del Supremo en la interpretación de la legislación penal. Aquellas decisiones del TC asumieron la eficacia de un indulto, aunque hayan ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte nuevas sentencias para los mismos acusados. Sin embargo, el efecto político es inamovible, no solo por la reivindicación pública de algunos de los condenados –que lo siguen siendo, aunque por menor número de delitos–, sino porque la excarcelación ya ha alcanzado a todos ellos. Algunos estaban fuera de prisión porque tenían concedido el tercer grado penitenciario. Otros seguían encarcelados. Todos se han beneficiado de una irrupción premeditada del TC en la jurisdicción penal, expropiando competencias a sus órganos competentes y sembrando de discordia el equilibrio entre tribunales.
