Por lo menos cinco concellos colaborarán para sufragar la flota de autobuses que transportará, este domingo, a los cientos de manifestantes que protestarán en Santiago contra la instalación de la fábrica de Altri en Palas de Rei (Lugo). Promovida por la plataforma ecologista Ulloa Viva, se anuncia como una concentración multitudinaria en el Parque de la Alameda de la capital gallega, a mediodía, y el transporte desde otros municipios estará financiado por asociaciones de vecinos, sindicatos, cofradías o, en un caso, el BNG, único grupo político que ratifica con fondos directos su apoyo a las protestas. Precisamente, este jueves, también como rechazo ante la iniciativa industrial, varios integrantes de Greenpeace han introducido una chimenea humeante en la sede de la Xunta, en San Caetano (Santiago); un «show», a ojos de la Administración gallega y del PPdeG, «absolutamente vergonzoso» por el método escogido. Son, según puede leerse en la web de Ulloa Viva, cinco los ayuntamientos que brindarán medios económicos para el transporte de manifestantes: Santiso y Arzúa (BNG), Cambados y Padrón (PSdeG), y Vila de Cruces (Xuntos polo noso Concello). En otros concellos, lo organizarán los vecinos o sindicatos como la CIG o el Sindicato Labrego –que animó a la participación alegando que «la defensa de la tierra pasa por impedir que se lleven adelante este tipo de proyectos»–. Excepto en el caso de Ribeira (BNG), donde el transporte correrá a cargo del propio partido nacionalista. Y sobre financiación –la del proyecto de Altri en Palas– ha hablado también el jueves el diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego. El nacionalista ha rechazado la idea de recurrir a fondos públicos europeos para pagar los 250 millones que cuesta la obra: «No solo quieren implantarse en nuestro país, sino que pretenden que paguemos entre todos el proyecto», recriminó a la firma portuguesa. Más allá de eso, Rego ha invocado un reciente estudio del biólogo Ramón Varela para asegurar que Altri «está ocultando más de 15 sustancias contaminantes, tales como partículas finas e incluso gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono«. De ser así, incumpliría la resolución que tomó en junio el Tribunal por la que los proyectos industriales deben declarar todas las emisiones potencialmente contaminantes, no solo las directamente asociadas a los procesos que desarrollen. Y, por ende, ha ampliado su formación en un comunicado, desde el Bloque insisten en que el Gobierno «no puede ser cómplice» en la activación de las instalaciones. «La implantación de Altri implicará destrucción de empleo y un impacto ambiental mayúsculo», ha aseverado Rego: «Nuestro país no está en condiciones de asumir este proyecto. El Gobierno debe rechazarlo porque constatamos que ya incumplió los criterios establecidos». Al terminar, ha confirmado su participación en la movilización del domingo: «Los gallegos y gallegas volveremos a salir a la calle para decir no a este proyecto», ha proclamado el diputado. Pero si de acciones de protesta se trata, la protagonista de este jueves ha sido la llevada a cabo por varios miembros de Greenpeace, que han colado una chimenea humeante de cinco metros de altura en la sede central de la Xunta portando consigo 550.000 firmas de personas oponiéndose al desarrollo del proyecto en Palas. Finalmente, fueron desalojados por agentes de la Policía Nacional. A las pocas horas de conocerse la noticia, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha subrayado que la responsabilidad de evaluar el proyecto es competencia de «los técnicos»: «Quien decidirá si Altri o cualquier otra empresa pone en marcha un proyecto no somos los políticos ni tampoco los activistas, como los que esta mañana (por la del jueves) organizaron un show en la entrada de San Caetano». Porque «la Xunta no está para shows» y «Galicia no está para shows», ha remarcado: «Estamos para evaluar si estos proyectos ven compatible la protección del medio ambiente con la creación de puestos de trabajo». Ha añadido que los funcionarios son personas anónimas que hacen su trabajo con «independencia, rigor y profesionalidad (...), sin indicaciones de ningún tipo, ni internas ni externas«; esto, ha dicho, «lo demuestra el hecho de que uno de cada tres proyectos que se someten a evaluación ambiental es rechazado por no cumplir con los requisitos ambientales exigidos por ley». Una postura similar la ha mantenido la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, que ha calificado la protesta de Greenpeace como «absolutamente vergonzosa» y un «teatrillo». La popular ha negado poder «concordar con esta forma de protestar» y ha señalado episodios anteriores de la misma organización que suponen «ataques al patrimonio» público, incluyendo «pintadas en paredes y en la piedra, en pasos de peatones, en farolas públicas y en contenedores», que «nada aportan al futuro de Galicia» ni a la «protección» del medio ambiente «que tanto dicen defender» los activistas. E, igual que Vázquez, Prado ha insistido en que la puesta en marcha del proyecto, o su freno, corresponde a personal técnico, no político: «Si esos informes son positivos, no entendemos cuál es la protesta, porque hablamos de que están en juego miles de puestos de trabajo para Galicia».
