El Juzgado de lo Mercantil número uno de Valencia ha exonerado a un matrimonio de todos sus créditos pendientes -una deuda de 52.000 euros - vinculados a la reforma de su casa que no pudo hacer frente a causa del aumento de los costes en materiales acuciado por la guerra entre Ucrania y Rusia. Además, la pareja ha conseguido mantener la vivienda en propiedad tras el proceso judicial. Los deudores, propietarios de una casa en Valencia que adquirieron con la intención de reformarla por completo, se encuentran actualmente en una grave situación de insolvencia debido a una serie de factores imprevistos y «fuera de su control», según sus abogados de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento. El proceso de reforma de la vivienda comenzó con la demolición total de la propiedad, pero señalan que la crisis derivada del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia provocó una drástica subida en los precios de los materiales de construcción. Para poder continuar con la obra y evitar el impago de la hipoteca, la pareja se vio obligados a solicitar créditos personales adicionales. Sin embargo, tras la revisión anual de la hipoteca, la cuota mensual se incrementó notablemente debido al aumento constante del Euríbor , lo que complicó aún más su situación financiera. La subida de los gastos les llevó a una «posición insostenible», ya que sus ingresos actuales apenas les permiten cubrir sus necesidades básicas de subsistencia, dejándolos «incapaces» de hacer frente a sus obligaciones de pago frente a sus acreedores. Fue entonces cuando decidieron solicitar ayuda legal, cuyos letrados les aconsejaron acogerse a un proceso que permitiera quedar libre de deudas definitivamente gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad . «El mayor miedo para este matrimonio es perder la vivienda, pues viven con sus hijos y no podían quedarse en la calle . Desde el principio le dejamos claro que, llevando la hipoteca al día, no perderían la vivienda en el concurso», argumenta su abogado Pepe Domínguez. Según explica su letrado, en tres meses es cuando se solicita en el juzgado competente la apertura de una fase judicial donde se informaría del patrimonio de los deudores, a fin de valorar la posibilidad de venderlos para compensar deudas. «Este punto fue crítico, pues el juzgado consideraba que la vivienda debe ser subastada en concurso. La Ley otorga protección para los concursados, quienes deben comprometerse a afrontar un plan de pagos para evitar la liquidación. Las cuotas mensuales en función de sus ingresos, por lo que son asumibles», detalla. Por último, se pide el perdón de la deuda pendiente acreditando los requisitos legales: demostrar que no ha podido pagar, con las tres últimas rentas y que no tiene delitos penales . El Juzgado conocedor de este procedimiento comprobó estos requerimientos y el pasado 21 de octubre fue dictada la sentencia concediendo el EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho) ha supuesto dejar a estos deudores libres de 51.666,58 euros.
