En la vorágine de anomalías, desafueros y arbitrariedades de esta legislatura existe el riesgo de perder la noción de la importancia de cada escándalo. Asuntos como la amnistía, la falta de auxilio en la inundación de Valencia o la corrupción del entorno sanchista empequeñecen ante la opinión pública la gravedad del caso del fiscal general, imputado –otra primera vez– por violación del deber de protección de datos. Y no para desmentir un bulo, como sostiene el argumentario oficialista, sino para perjudicar a una adversaria política utilizando el historial tributario de un ciudadano que mantiene con ella un vínculo sentimental de estricto carácter privado. Un asunto de máxima trascendencia que expone la transformación del Ministerio Público –y de la propia Hacienda–...
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