La Comisión Europea aprueba sin objeciones la opa de BBVA sobre Banco Sabadell . Un paso más en la obtención de autorizaciones para la operación, aunque en este caso se trataba de trámite que prácticamente se daba por descontado que pasaría el filtro de Bruselas. «La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea ha finalizado la revisión de la operación de BBVA y Banco Sabadell bajo el Reglamento Europeo de Subvenciones Extranjeras (FSR, por sus siglas en inglés) sin plantear objeciones», ha informado el banco vasco . El 21 de octubre, se publicó en la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea el expediente de notificación de la opa; desde entonces corría un plazo de 25 días hábiles para la resolución. «El expediente se origina en el FSR, una normativa de julio de 2023 que se centra en las subvenciones otorgadas por países no pertenecientes a la UE a empresas que operan en el mercado único europeo. La norma obliga a notificar con carácter previo a la Comisión Europea las operaciones de concentración con empresas establecidas en la UE y licitaciones públicas de determinada envergadura. Además, otorga a la Comisión Europea la facultad de iniciar investigaciones de oficio sobre subvenciones extracomunitarias potencialmente distorsionadoras», señala BBVA. De esta manera, aparte de Bruselas, la entidad vasca ya ha recabado el OK del Banco Central Europeo (BCE) y de las autoridades de competencia extranjeras. Lo que queda, en este caso, es lo más espinoso: la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aquí en España, y también de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para ir adelante con el folleto de la opa. El expediente en Competencia es lo que más dudas genera en estos momentos, con posiciones enfrentadas entre las dos entidades. La CNMC ha decidido alargar su análisis a fase dos, dando entrada a muchas más entidades para pronunciarse sobre la operación. Esto retrasa el plazo de la operación hasta primavera. Del veredicto que adopte Competencia depende en buena medida el destino de la opa, ya que la institución dirigida por Cani Fernández tiene posibilidad de imponer condiciones para aprobar la operación e incluso vetarla. Asimismo, el hecho de haber alargado el examen a fase dos supone también que el Gobierno ya podrá intervenir y, en su caso, podrá ampliar las condiciones que acabe imponiendo la CNMC.
