En línea con las últimas jornadas, la portavoz nacional del BNG empleó la sesión de control al presidente de Galicia en el Parlamento para criticar lo que su partido considera el «veto» de la comisión de investigación sobre la contratación pública de la Administración autonómica por parte del PPdeG, en una pregunta sobre la calidad democrática de la Xunta. Un boicot ante el que el Bloque está dispuesto a emplear todos los medios legales a su alcance, aseguró Pontón, a quien, por su parte, Rueda afeó su insistencia por trasladar a la Comunidad la política tóxica de Madrid. Todo ello, a un par de días de que empiecen las comparecencias, este jueves. Al inicio de su intervención, Pontón echó mano otra vez del símil judicial, preguntando al mandatario si «alguien se imagina» que «en un juicio se impida comparecer a los principales implicados», aseverando que, mientras que fue su grupo el que impulsó la creación de esta comisión, los populares «vetan las comparecencias y documentación» que piden. Un «disparate», criticó, afeando una «deriva autoritaria y antidemocrática sin precedentes» en la Cámara. «Y todo para salvar al señor Feijóo», aseguró; para salvar «al soldado Ryan». Habló así de un Partido Popular «acorralado por la corrupción», que torpedeó la comisión desde el principio, acusando al grupo de «vulnerar las normas de funcionamiento democrático más elementales» de la Cámara. «¿Quién esta nervioso aquí?», preguntó de forma retórica, devolviendo a Rueda en la réplica la acusación que él mismo le había hecho antes. «Estamos hablando de algo muy serio [...]. De que entre los años 2018 y 2023, la empresa que dirige la hermana del señor Feijóo en Galicia recibió 1.311 contratos a dedo por valor de 5 millones de euros», «estamos hablando de los 15 millones de euros que se llevó una empresa durante la pandemia en la que es directivo el cuñado del señor Feijóo», y «del sobrecoste de 470 millones de euros del Hospital Álvaro Cunqueiro», repasó. Por todo ello, a tres días de que arranquen las comparecencias de la comisión de investigación, este jueves, tras haberse aprobado el plan de trabajo, instó a Rueda a «rectificar» y «levantar el veto al plan de trabajo» del Bloque. De lo contrario, su partido, dijo, usará «todos los medios legales a su alcance para defender» su «derecho y deber» de controlar la acción de la Xunta. «Que no se le suba la mayoría absoluta a la cabeza», le dijo al presidente, que, insistió, «no es absolutismo». Por su parte, Rueda arrancó su intervención ironizando con la pregunta del BNG acerca de la calidad democrática de Galicia, tras haber aplaudido el «pucherazo» de Maduro y, ya en materia, recordó a la nacionalista que ya el día anterior los letrados de la Cámara le confirmaron que estaban actuando acorte a la normativa. Un dictamen que, dijo, como no les conviene, optan por ignorar. Y le recordó que fueron los grupos de la oposición los que se negaron a aceptar la transacción que les proponía el grupo popular para incluir a los representantes de las empresas que solicitaban entre los comparecientes que, «con tal de no acordar nada», rechazaron. «Por lo tanto, ¿de qué está hablando? El problema es que ustedes no querían una comisión de investigación», sino una «comisión de difamación», un «juicio paralelo» a Feijóo. Y cuestionó, además, si van a ir a los tribunales a enseñar documentación para que los condenen a ellos también, recordando que la media de contratación anual con Eulen del bipartito fue de 4,67 millones de euros y, en 2009, de 4,72. «Cinco centésimas más», indicó, preguntándose si esa es la «diferencia» entre lo es o deja de ser «favoritismo». Y, al hilo, inquirió a Pontón acerca de si está o no en posición de decir que nadie de su entorno familiar próximo tuvo contratos menores de un gobierno del BNG. Una pregunta que ya le habían hecho un día antes, que no contestó. «Para acusar a los demás sobra tiempo», le espetó, asegurando que, si esta pregunta se la hacen a él, podría decir que no. Y teorizó, a renglón seguido, sobre los motivos que llevaron al BNG a impulsar esta comisión. Dos razones, explicó, que no son excluyentes. «Una es que se sienta apretada por la asamblea del BNG», para la que «tiene que demostrar ese radicalismo»; y la otra es «hacerle un favor a Pedro Sánchez, que tanto trabajó» por el grupo. Acusó así al Bloque de intentar detonar la comisión «por todos los medios» desde el primer momento, un «síntoma de debilidad» y un intento de trasladar a Galicia «la política tóxica» del Gobierno central. Esa política «que los gallegos rechazan», y en la que se están investigando casos de corrupción como el de Ábalos, el de Aldama o el de Begoña Gómez de los que, afeó, aún no escuchó una sola «crítica» por parte del BNG.
