El fraude eléctrico es un grave problema para las empresas españolas, la hacienda pública y la seguridad de los consumidores. Por eso, las compañías energéticas exigen cambios normativos ante una falta de desarrollo legislativo para atajar esta situación, y una regulación muy antigua. Este impacto, según un cálculo estimado del sector, supone más de 350 millones de euros de impacto directo y cerca de 100 millones menos de impuestos por cada 1% de fraude contra el sistema. Se estima que esta cifra podría llegar a estar sobre el 4%, lo que arroja un golpe cercano a los 1.500 millones . Sobre estas cuestiones hablaron ayer las principales distribuidoras que operan en España ( Iberdrola , Endesa , Naturgy y EDP...
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