Más novedades en la organización de los colegios madrileños: los nuevos colegios de Educación Primaria que abran sus puertas el curso próximo incorporarán las enseñanzas de 1º y 2º de la ESO . Y la medida se va a extender a todos los centros que cuenten con aulas suficientes o puedan adaptarlas de manera sencilla. Es una medida aplaudida por los padres –estos dos primeros cursos de la ESO coinciden con las edades de 13 y 14 años– pero en la que los sindicatos vaticinan algunos problemas de organización para aplicarla. Técnicos de la Consejería de Educación están estudiando la viabilidad de la implantación inmediata de esta medida en los centros escolares que ya cuenten con las infraestructuras adecuadas, o que puedan adaptar fácilmente sus instalaciones para acoger las nuevas clases, y tengan jornada partida. Todos los centros que cumplan estas condiciones se podrán convertir en CEIPSO, que es la denominación que se da a los colegios públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. En ellos se implantarán progresivamente ambos cursos de la ESO, de forma que los alumnos que terminen este año 6º de Primaria podrán continuar en ellos sus estudios sin tener que cambiarse a un instituto. La Consejería de Educación toma esta medida para combatir el abandono escolar, mejorar el rendimiento de los alumnos, su descanso o sus hábitos de alimentación, y también para luchar contra la soledad, las adicciones o la posible influencia de las bandas juveniles. Este cambio en la organización de los centros es del agrado de la Federación de asociaciones de padres y madres de alumnos Giner de los Ríos, que creen además que para los colegios, «mantener al alumnado hasta 2º de la ESO supondría que puedan hacer uso del servicio de comedor, por lo que el alumnado que actualmente pierde el derecho a solicitar la beca de comedor, por no tener el servicio en su centro educativo, al menos podría beneficiarse hasta llegar a 3º». Pero la medida no agrada a CC.OO., que alerta de la «presión» que supone sobre los equipos directivos y la posible ilegalidad de la medida. Critican que «el anuncio surge de la nada, sin evaluación previa, informe de impacto, inversión y sin debate». Tantas dudas plantea a CC.OO. esta fórmula, que a su juicio puede dar lugar a problemas organizativos, que se ha dirigido al Ministerio de Educación «para que clarifique y actúe ante la dudosa legalidad de la propuesta».
