La crónica de tribunales da para un libro de anécdotas. Por la Audiencia Provincial de Toledo han pasado acusados de homicidio que aprovecharon un descanso para bailar sevillanas en el vestíbulo; o aquel procesado que acudió en pantalón corto a una vista oral y un magistrado lo mandó a casa para que volviera vestido correctamente para la ocasión. Más recientemente, hace solamente una semana, otro inculpado llegó dos horas tarde. El juicio ya se había suspendido después de un tiempo prudencial de espera. El fiscal se había ido convencido de que Alexandru no aparecería nunca al ser extranjero y con una petición de pena tan elevada: 8 años de prisión por las secuelas que dejó a la víctima en una pelea. Su abogado, más de lo mismo porque llevaba días intentando contactar telefónicamente con él. Sin embargo, Alexandru hizo acto de presencia cuando nadie lo esperaba. «Me confundí de sitio», se excusó el procesado ante el guardia civil de la puerta al entrar. «Estuve en los juzgados», que están situados a veinte minutos a pie de la Audiencia toledana. Ahora al anecdotario se debe de sumar la vista celebrada este miércoles por un caso aborrecible. Cuando se daba por hecho que no comparecería, al tratarse de un indigente sin domicilio, el acusado se personó cuarenta y cinco minutos después de la hora fijada . Benito, de 40 años, iba acompañado de los dos policías locales que lo encontraron en la plaza del Ayuntamiento, al lado de la Audiencia, dudando si atravesar o no el umbral de la puerta. Desaliñado, entró con su DNI, que guardaba en un monedero, y con una lata de medio litro de cerveza sin abrir en las manos. De marca blanca, se la guardaron en una papelera negra que hay justo antes de subir la escalera para llegar a las dos salas donde se celebran los juicios. Los agentes permanecieron con él abajo hasta que la Fiscalía y Miguel Ángel Vieites, el mismo abogado del turno de oficio desde que sucedieron los hechos hace siete años, llegaron a una conformidad: un año y tres meses de prisión, en lugar de los tres años de cárcel iniciales, por una agresión sexual a una niña de 6. Y también una indemnización de 600 euros. Se le aplicaba el nuevo Código Penal, de 2023, por ser más beneficioso para el reo, y también la atenuante de dilaciones indebidas (retrasos no imputables a Benito) por unos hechos ocurridos en septiembre de 2017 en Toledo capital. En un bar del barrio del Polígono, una noche se sentó al lado de la chiquilla, le acarició una pierna y su padre, el dueño del negocio, vio cómo tenía una mano bajo la falda de su hija. Benito, esquizofrénico diagnosticado, fue detenido días más tarde y estuvo preso dos meses. Con el pacto cerrado 'in extremis' tras la llegada inesperada de Benito a la Audiencia, desde la Fiscalía llamaron al padre de la menor, un ciudadano chino que esperaba sentado y acompañado de una intérprete en el vestíbulo de la sala noble de audiencias. En el despacho del fiscal jefe, le contaron el acuerdo y más tarde se celebró la vista exprés, aunque se retrasó unos minutos: se había solicitado una pareja de policías nacionales para acompañar al acusado dentro. El presidente del tribunal, Urbano Suárez, dijo finalmente que no hacía falta la presencia de los agentes y comenzó la comparecencia, que apenas duró seis minutos. En este corto periodo, el magistrado tuvo que repetirle a Benito si conocía los hechos y éste finalmente respondió que sí. La fiscal leyó el acuerdo y Benito preguntó apresuradamente: «¿Qué día tengo que ir a Ocaña I y Ocaña II?». El presidente lo recondujo inmediatamente y le cuestionó con insistencia si estaba de acuerdo con la conformidad. «Sí, lo estoy» , asintió, también con la cabeza. El magistrado decía visto para sentencia cuando los dos policías nacionales entraban. Benito salió de la sala, le entregaron la lata de medio litro de cerveza que le esperaba en la papelera y se perdió por la calle Arco de Palacio. Se fue sin saber el día que tendrá que ingresar en prisión , si finalmente esto sucede.
