La petición del PSOE de que comparezcan en sede parlamentaria la interventora General de la Junta de Andalucía y la interventora delegada del SAS para aclarar los contratos menores y de emergencia firmados por el SAS tras la pandemia no prosperará. Como era previsible el PP ha anunciado su rechazo a una petición que ha calificado de «incoherente» y de la que, según los populares, no hay precedentes recientes. «Sigue la oposición empeñada en darle vueltas a la misma pelota. Ante eso sólo puedo decir que han seguido un procedimiento administrativo transparente, legal y casi que me sorprende que partidos que cuando ellos gobernaban veían razonable y legal determinados procedimientos, ahora los denuncien», apuntó el portavoz parlamentario, Toni Martín, quien puntualizó además que la oposición aún no ha definido en qué órgano parlamentario y de con qué procedimiento se realizarían las comparecencias. Desde el PP, además, subrayan que no hay precedentes recientes, y que las últimas solicitudes de comparecencias de interventores autonómicos, solicitadas en ese momento por el PP, fueron rechazadas por el grupo mayoritario, que entonces era el PSOE andaluz. Los socialistas, sin embargo, mantiene su tono elevado en su discurso en torno a los contratos de emergencia y menores firmados por el SAS tras la pandemia con procedimientos que fueron cuestionados por la Cámara de Cuentas y por los informes de la intervención. Estos contratos fueron objeto ya de una primera denuncia judicial por parte del PSOE que fue admitida a trámite y que se centra en los expedientes de emergencia (es decir aquellos suscritos sin pública concurrencia y con procedimientos extraordinarios) después de la pandemia. Ahora, los socialistas estudian cómo ampliar esa denuncia para incorporar los contratos menores adjudicados sin los procedimientos adecuados y que han sido señalados por la Intervención. «Son ya 1.223 millones de euros el dinero que el Gobierno de Juanma Moreno ha robado a la Sanidad pública con contratos troceados para dárselos a sus amigos de la privada. Ha sido un saqueo de la sanidad pública para que unos cuantos hagan negocio con la salud y con la vida», afirmó la portavoz.
