Los últimos datos hechos públicos sobre la gestión de la dependencia en España reflejan que en Andalucía se alcanzan los mayores tiempos de espera medios (609 días) y que es la comunidad con un mayor volumen de personas que llevan más de seis meses esperando que se apruebe su prestación (29.000 personas). Ante estos resultados, que muestran además una evolución negativa a lo largo de los últimos años, la Junta de Andalucía ha planteado una «reforma estructural» del sistema que incluye una nueva aplicación informática, la unificación de las dos visitas y una nueva orden que regula los copagos y la cooperación con las comunidades. Todas estas medidas están incrementando el malestar de las plantillas que gestionan la dependencia sin que hasta el momento estén consiguiendo revertir la tendencia. El Gobierno andaluz, como hizo el presidente Juanma Moreno en el último Pleno, pide paciencia para que se consoliden los cambios. Pero oposición y sindicatos elevan el tono. Han convocado una concentración y han forjado una alianza en torno a las principales reivindicaciones a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad. La primera reivindicación, que han puesto encima de la mesa el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, y la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, es que se retire la orden de revisión del sistema que ha publicado la Consejería con efectos sobre los criterios de copago . «Exigimos que se retire de forma inmediata porque va a suponer un mayor coste para los pacientes», explicaron los dos dirigentes tras su reunión. La Junta de Andalucía alega, y así aparece en la resolución, que no se trata de un incremento en los precios sino de una revisión de los criterios que se aplican a la hora definir qué porcentaje de copago se aplica a cada persona en función de sus recursos. Es cierto que supondrá un aumento del copago, pero la estimación económica es que alcance al año en torno a 7,5 millones de euros más. Una cifra reducida en un sistema que alcanza los 2.000 millones de presupuesto al año. Un segundo elemento clave compartido entre el PSOE y CCOO es la reclamación de un refuerzo de plantilla para hacer frente al «colapso» existente. El número de solicitudes y de beneficiarios de la ley de dependencia a lo largo de los últimos años se ha incrementado sustancialmente hasta superar ya las 286.000, un 42% más en seis años. Este aumento responde principalmente al incremento de la edad media de la población en Andalucía y coincide de hecho con la evolución de otros territorios autonómicos. Hay más solicitudes, hay más prestaciones y, según denuncian el PSOE y CCOO, la plantilla no se ha incrementado lo suficiente por lo que las dificultades de tramitación crecen y «empeora la situación laboral de la plantilla», como denunció Nuria López. Como tercer eje, el PSOE puso encima de la mesa una denuncia: «La Junta de Andalucía está paralizando las nuevas entradas de solicitudes en el registro para evitar que las listas de espera sigan creciendo». La Consejería niega esta acusación del Grupo Socialista y subraya que simplemente hay un proceso de adaptación al nuevo sistema informático. «Estamos ante un estado de emergencia social en la dependencia», zanjó Espadas, siguiendo la línea de su última sesión de control al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Es la base para que CCOO y el PSOE sumen fuerzas para una convocatoria de movilizaciones en las provincias prevista para el próximo 26 de octubre.
