El Partido Popular no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo el Gobierno y EH Bildu se salen con la suya en el asunto de la ley de antecedentes penales con la que se permitirá reducir el tiempo en prisión de alrededor de 40 presos de ETA. Tras haber votado en contra de la norma en el Senado y pedir al Congreso que actúe como si hubiera sido un veto formal, los populares han anunciado este viernes que si la Cámara Baja insiste en no convocar al Pleno para levantar ese veto presentarán formalmente un choque institucional e irán hasta el Tribunal Constitucional para defender los intereses de la institución. «Hemos registrado la solicitud de que el Senado requiera formalmente al Congreso para que convoque el Pleno de esa Cámara y someta a debate y votación el veto del Senado. En el caso de que la Mesa del Congreso no atienda esta solicitud satisfactoriamente plantearemos la presentación de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional», anunció Alicia García, portavoz del PP en el Senado. Esta medida se une al escrito de reconsideración presentado este jueves por los populares en el Congreso y es la última advertencia a Francina Armengol para que convoque el Pleno antes de poner sobre la mesa un posible choque institucional como el que ya se planteó con la ley de amnistía. García también desveló que su grupo iba a convocar a un grupo de expertos en la Comisión General de las Comunidades Autónomas para que expliquen el alcance y las consecuencias que tendría para el resto de España el cupo separatista pactado por el PSC con ERC en Cataluña y también que reformará el Reglamento de la Cámara para permitir que los grupos puedan incluir puntos de debate en el orden del día de la Conferencia de Presidentes. [Noticia en ampliación]
