La Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha absuelto a los trece acusados en la pieza separada del denominado ' caso Brugal ' -entre ellos el entonces presidente de la Diputación José Joaquín Ripoll - donde se juzgaban presuntas irregularidades en la tramitación y adjudicación, en 2008, del Plan de Residuos de la Zona XVII, correspondiente a la comarca de la Vega Baja. Entre los encausados absueltos también figuran la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente R., junto a empresarios y técnicos de la Corporación provincial. El juicio por estos hechos se celebró entre el 2 de noviembre de 2021 y el 22 de junio de 2022 a lo largo de 42 sesiones diarias, tal como han informado este martes fuentes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). En la sentencia hecha pública ahora, tras analizar la prueba practicada, se ha concluido que no ha quedado acreditado «la existencia de un acuerdo entre los acusados para alterar o manipular los acuerdos del consejo, ni que ninguno de los acusados ofreciere o aceptase regalos tendentes a conseguir una resolución del consorcio que les favoreciere». Los magistrados tampoco entienden probado que los viajes a la feria de Sevilla o a las Islas Baleares en un yate de Enrique Ortiz S. de los que disfrutaron junto a otras personas José Joaquín Ripoll S. -también exvicepresidente de la Generalitat Valenciana con Eduardo Zaplana - y su esposa entre 2008 y 2009 se realizaran «con la intención de influir en la conducta» del entonces presidente de la Diputación. Del mismo modo, los magistrados tampoco encuentran pruebas de que los acusados influyeran o trataran de influir en miembros del Consorcio de Residuos de la Vega Baja «que les fueran beneficiosos» ni que «revelasen datos del expediente que causaren perjuicio alguno al resultado del procedimiento». Por tanto, absuelve a todos los encausados de los delitos que les atribuía el Ministerio Fiscal : cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y fraude. La Sala desestima las peticiones de nulidad de diferentes diligencias de prueba practicadas y resoluciones dictadas durante la instrucción de la causa, como registros domiciliarios, las intervenciones telefónicas o la incorporación de las grabaciones realizadas por uno de los acusados, el empresario Ángel Fenoll P., que dieron origen a la investigación. Fue quien aportó las primeras conversaciones para demostrar las supuestas irregularidades, mantenidas por él mismo con los políticos, lo que motivó la apertura de la investigación. En la sentencia se cita, en este sentido, la reciente sentencia del Tribunal Supremo , de julio de este año, que valida esas pruebas en el marco del recurso de casación por otra pieza del 'caso Brugal', la relativa a la contrata de recogida y tratamiento de residuos en la ciudad de Orihuela. La Fiscalía Anticorrupción sostenía que los acusados se habían confabulado para amañar la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja y la ubicación de la planta de tratamiento de residuos a través de un acuerdo entre dos empresarios, Enrique Ortiz .S. y el citado Ángel Fenoll P., a cambio en algunos casos de diferentes dádivas. No obstante, el Tribunal considera que todas las decisiones adoptadas por la comisión y la junta de gobierno del Consorcio de Residuos creado por la Diputación de Alicante para tramitar el contrato «fueron colegiadas» y sus miembros «votaron libremente». En cuanto al cambio de ubicación para la instalación del vertedero , la Sección Séptima de la Audiencia señala que fue motivada «por la respuesta social» y el Consorcio lo aprobó por mayoría «en aras del interés general », ya que era la mejor oferta y no supuso «un aumento en el canon» a pagar por la Administración ni, «consecuentemente, un perjuicio para el erario público». La sentencia, que consta de 258 páginas, no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
