El 22 de abril de 2015 se celebró en la Audiencia Provincial de Toledo la primera de las dos sesiones del juicio contra cuatro procesados por el crimen de un ganadero en El Carpio de Tajo el 5 de marzo de 2013. Uno de los acusados era Esteban Ruiz Suárez, quien no supo responder con certeza si había estado o no alguna vez en este pueblo toledano. También balbuceó que se encontraba en la cárcel y que su cabeza estaba hecha un lío. Y estuvo todavía menos convincente cuando se le preguntó por una huella suya que se recogió en la bolsa de plástico con la que ocultaron la pistola homicida. Uno de los tres magistrados del tribunal le llegó a espetar: «Que usted se haga el tonto no significa que yo me lo vaya a creer». Esteban, de etnia merchera, fue condenado a 25 años y medio de prisión, como los otros tres procesados, si bien uno sería absuelto por el Tribunal Supremo porque «no había pruebas sólidas contra él». Con un grado de discapacidad reconocido del 73 por ciento, la situación de Esteban pasó «inadvertida» en todo el procedimiento. Ni en la Guardia Civil al detenerlo ni en el juzgado de instrucción «detectaron que era una persona con discapacidad intelectual». Tampoco «cuando se acreditó ante el juzgado se tomó ninguna medida» ni en la Audiencia de Toledo durante los dos días de juicio. Así lo cuentan desde la organización Plena inclusión España, que llevó el caso a la ONU. Su Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad ha dictaminado ahora que no se garantizó a Esteban, que sigue en prisión, su derecho a la defensa y a un juicio justo: «Tanto los jueces como la Fiscalía deberían haber actuado de oficio y con la debida diligencia en cuanto se percataron de la discapacidad del autor». Recuerda al Estado español que debe proporcionar a la persona con discapacidad una compensación por los daños provocados y por los gastos judiciales para hacer llegar esta denuncia hasta las Naciones Unidas. Y añade que el Estado tiene la obligación de ofrecerle un juicio con todas las garantías , disponiendo el condenado de los apoyos necesarios conforme a la decisión de la ONU y a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue refrendada por España en 2007. La jueza María de la Fe Amarillo era la responsable del juzgado número 3 de Torrijos que instruyó el caso . «No declaró ninguno de los detenidos. Todos se acogieron a su derecho a no declarar, y su letrado no nos informó. Ni en la declaración, ni en la comparecencia de prisión ni en la indagatoria [la primera declaración que el juez de instrucción está obligado a tomar al procesado después de dictar el auto de procesamiento]. Tampoco cuando tras la indagatoria pregunté a cada uno de ellos si querían decir algo», recuerda. «Igualmente, al leer los hechos del procesamiento de nuevo, ni sus letrados ni ninguno de los procesados dijeron no entender algo. Sólo me contó algo de una bolsa...», añade. El presidente de aquel tribunal, Manuel Gutiérrez, ya está jubilado y otro de los magistrados, Urbano Suárez, dijo el miércoles a ABC que no recordaba el juicio, que fue mediático. «El trato a Esteban fue denigrante, un bochorno; fue un atropello de la Audiencia» , asegura uno de los abogados en la vista oral. «Es un caso paradigmático. El vídeo de la vista ha tenido mucha repercusión en varios ámbitos y la resolución de la ONU ha sido el broche final», se alegra el letrado, que pide mantener el anonimato. Nueve días antes del juicio, el Instituto de Medicina Legal de Toledo emitió un informe psicológico forense sobre Esteban, que tenía 35 años. «Estaba fundado exclusivamente en una entrevista realizada el 9 de abril de 2015» , según explicó Plena inclusión en su denuncia ante la ONU. Iba destinado «específicamente a valorar si en el caso de Esteban concurrían o no la exención o atenuación de la responsabilidad penal». Los forenses resolvieron que Esteban sufría un retraso mental leve y emitieron un dictamen desfavorable a apreciar la atenuante . Luego en la sentencia se afirma que Esteban «padece una discapacidad psíquica leve» que no le limita «el conocer la ilicitud de sus acciones ni actuar conforme a ese conocimiento». Plena inclusión lleva años defendiendo que se extienda y dote con los fondos necesarios al facilitador, una figura inclusiva que permite hacer más justo el sistema judicial. «Los jueces no tienen un conocimiento médico ni psicológico, y mucho menos en asuntos de discapacidad. Consideran que, con la mera presencia de un operador médico de un instituto de medicina legal, se tiene la capacidad suficiente para detectar una discapacidad y saber qué implicaciones tiene ésta», explica Naouja ElHadad, facilitadora judicial . «Pero esos médicos forenses no tienen formación en esta materia y siguen siendo los encargados de realizar esos informes, sin saber qué incidencia tiene una discapacidad en la comunicación, en el comportamiento en escenarios tan intrigantes y agresivos como lo puede ser un juzgado», añade. Además de estar al frente del tribunal que juzgó a Esteban, Manuel Gutiérrez era el presidente de la Audiencia toledana. Desde 2019, este cargo lo desempeña Juan Ramón Brigidano , padre y cuidador de un niño con una discapacidad grave. «La situación ha cambiado mucho. Un año después de llegar, en 2020 se adaptó una sentencia al formato de lectura fácil para una víctima de un delito contra la libertad sexual», recuerda Brigidano. De esa adaptación se encargó la organización Plena inclusión de Castilla-La Mancha. «Se hizo voluntariamente y me costó mucho trabajo. A partir de ahora, si vuelve a suceder otro supuesto, llamaría de nuevo a Plena inclusión a ver qué me dicen» , adelanta Brigidano, «siempre muy mentalizado» en esta materia. «Voy a todas las asociaciones relacionadas con la discapacidad que me llaman para explicar las modificaciones de la ley y todo lo que haga falta», cuenta el presidente de la Audiencia toledana, que llama a la puerta del Consejo General del Poder Judicial cuando lo cree necesario, nueve años después del juicio a Esteban que ha enojado a la ONU.
