La abismal diferencia de reservas de agua entre la cuenca del Tajo y el Segura , con los dos embalses que abastecen los trasvases en niveles que cuadruplican los del sureste peninsular, se mantiene y aumenta, pero desde la Junta de Castilla-La Mancha que preside Emiliano García-Page han vuelto a presionar al Gobierno para que cierre el grifo: «Agua no sobra». Tanto el pantano de Fuensanta -al 6,6% de su capacidad- y sin variación en la última semana- como el del Cenajo (10,9% y un hectómetro menos) continúan en la situación más dramática de toda España «en nivel de fondo muertos », con la demarcación del Segura al 15,7% globalmente. Enfrente, en el Tajo se encuentran al 55,2% y, en concreto, uno de los dos embalses que suministran al acueducto de los trasvases (Entrepeñas), incluso mejor, al 60,5% de su máximo posible (sin variación en los últimos siete días), y el otro (Buendía), al 30,3% y con dos hectómetros cúbicos de incremento en ese periodo. Ambos duplican su media de la década y superan la barrera de los 1.000 hm3, cuando el umbral mínimo para transferencias hídricas está en 400. A pesar de esta realidad diametralmente opuesta a tenor de las estadísticas actualizadas al pasado lunes, 7 de octubre, en los datos oficiales del Ministerio, la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha , Mercedes Gómez , ha vuelto incidir este miércoles en el mensaje lanzado con reiteración por su presidente García-Page: «Todos los ciudadanos que vivimos en los alrededores de la cuenca del Tajo tenemos el mismo derecho y la misma demanda de poder usar en primera instancia este recurso escaso y, si sobra , que no es el caso, que vaya donde tenga que ir». Y ha insistido igualmente en que el Gobierno tiene pendiente cambiar las reglas de explotación para los trasvases, otra de las esperanzas de los dirigentes castellanomanchegos para cerrar el grifo. Más allá de estas diferencias entre los datos y las valoraciones políticas, la actual coyuntura de falta de lluvias y restricciones al riego repercuten en los cultivos de la Comunidad Valenciana, donde La Unió Llauradora i Ramadera ha solicitado a la Conselleria de Agricultura que amplíe las medidas urgentes puestas en marcha mediante el paquete de ayudas de 17 millones de euros, para «priorizar su aplicación en los profesionales del sector agrario que dependen de esta actividad para su subsistencia y que no han sido contemplados como beneficiarios» en esta medida de urgencia del Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón. Estas ayudas, que respondieron inicialmente a las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania y la situación de sequía prolongada , deben ahora ser ajustadas para incluir sectores que quedaron excluidos en un primer momento y que se han visto gravemente afectados por la actual situación de emergencia , argumentan. En concreto, La Unió pide que se incluyan en las ayudas a los cultivos de viñedo y frutos secos en secano en la comarca de Utiel-Requena. Aunque estos cultivos están clasificados como «de regadío» por disponer de una dotación mínima de agua, en la práctica funcionan como cultivos de secano debido a las limitadas cantidades de agua disponibles, que solo permiten riegos de apoyo y no para incrementar o mantener la producción. Además, se solicita que se incorpore al sector apícola , que ha sufrido el impacto directo de la sequía debido a la falta de floraciones durante la primavera y el verano. Esto ha disparado los costes de alimentación de las abejas, lo que afecta seriamente la viabilidad económica de las explotaciones. Muchos afectados «han mantenido colmenas en la Comunitat Valenciana, contribuyendo a la biodiversidad y la polinización de los cultivos», a pesar de estas dificultades. Asimismo, han solicitado al Ministerio de Agricultura que complemente las ayudas autonómicas de la Generalitat, ya que las medidas actuales «resultan insuficientes para mitigar los efectos devastadores de la sequía y del conflicto en Ucrania ». Sectores como el de los cultivos de secano y la ganadería extensiva llevan más de tres años registrando caídas significativas en la producción, lo que compromete su sostenibilidad. La declaración de sequía extraordinaria por parte de las Confederaciones Hidrográficas del Segura y del Júcar «refleja la gravedad de la situación actual, y el impacto que puede tener en la viabilidad económica de muchas explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana, en particular en las zonas en riesgo de despoblación ». Además, a su juicio «la falta de medidas contundentes podría desincentivar la incorporación de jóvenes al sector agrario, necesaria en las zonas de interior, con riesgo de despoblación».
