El acuerdo del PSOE con EH Bildu para reformar la ley orgánica de Seguridad Ciudadana es mucho más que un pacto legislativo. Que dos dirigentes proetarras actúen como portavoces de la coalición parlamentaria que apoya a Sánchez y anuncien este cambio legal, implica para la llamada izquierda aberzale una nueva victoria política en su proceso de reinvención de la historia etarra. Que ETA ya no mate no significa que ETA no haya existido y que su rastro en la historia de España no esté marcado con sangre. Es una victoria política para la memoria criminal de la banda que el portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, se lamente de los muertos y heridos por el uso de pelotas de goma y aún siga pendiente la condena por su partido de los asesinatos de ETA. Peor aún es que el PSOE y Sánchez sostengan esta cordial alianza con los filoetarras sin exigirles como condición absoluta y previa una condena inequívoca de los crímenes etarras. Los pactos entre socialistas y batasunos sobre memoria histórica , vivienda y, ahora, seguridad ciudadana, junto a la entrega de Pamplona a Bildu, forman parte esencial de la legislatura de Sánchez, no sólo porque le garantizaron su acceso a La Moncloa, sino porque dan continuidad a la estrategia que inició Rodríguez Zapatero de rescatar a ETA de su derrota política para convertir a su partido en socio de referencia. Sánchez ha cumplido el designio marcado por su mentor, demostrando no tener suelo en el deterioro de la mínima dignidad política que cabría suponerle a todo presidente de gobierno español en sus relaciones con los albaceas de la organización terrorista. No hay esperanza al respecto. Sánchez no conoce límites éticos en el ejercicio del poder y ha sido capaz de acometer esta nueva cesión con tal de asegurarse el apoyo de EH Bildu a su plan contra «la máquina del fango», esa máscara que utiliza para tapar los negocios privados de su esposa en La Moncloa. Además, descendiendo al contenido del acuerdo, más que un sarcasmo, constituye un insulto directo para víctimas de ETA y ciudadanos de la democracia española que sea Bildu quien actúe como prescriptor del funcionamiento de los cuerpos policiales en España y de las pautas de protección de la seguridad ciudadana. Nada de esto debería suceder en una sociedad agredida y asesinada por ETA, pero Sánchez hace políticamente real lo que es moralmente imposible. Los que celebraban asesinatos de policías y guardias civiles, o señalaban víctimas en las columnas de sus periódicos, hoy reglamentan los límites a los que deben ajustar las Fuerzas de Seguridad del Estado; garantizan la impunidad de la desobediencia, al hacer prácticamente imposible su sanción; y marcan la estrategia de respuesta del Estado frente a la inmigración ilegal anulando las devoluciones 'en caliente'. Grande-Marlaska, por humillado, y el PNV, por ignorado, son daños colaterales de la implacable determinación de Sánchez de seguir siendo presidente del Gobierno a costa de cualquier principio político o ético. El camino parlamentario de esta reforma no va a ser fácil, porque ningún socio de Sánchez quiere quedarse sin medalla. Podemos y Junts han manifestado su oposición; y el PNV, ahogado por sus pactos con el PSOE y por la presión de Bildu, se ha puesto digno defendiendo «el principio de autoridad», quizá por la mala conciencia que le causa el recuerdo de los ertzainas asesinados por ETA o abrasados por sus cócteles molotov.
