«Hasta siete» inspecciones de Hacienda en un solo año. Es la realidad a la que se enfrenta el tejido empresarial de Castilla y León. De ahí que el presidente de Empresa Familiar en la Comunidad (EFCL), Isidoro Alanís, trasladase esta «preocupación» al delegado del Gobierno, Nicanor Sen, a quien advirtió de que esa «excesiva presión fiscal» que sufre la región «puede favorecer deslocalizaciones a otros territorios». Por eso, fue una de las cuestiones «prioritarias» que Alanís denunció en su encuentro con Sen, a quien trasladó que según las últimas encuestas realizadas por EFCL a sus asociados «el 95 por ciento» de las empresas familiares «tenía abierta algún tipo de inspección fiscal. Además, el presidente de la organización expresó la «inquietud» del colectivo por las «deslocalizaciones y venta de empresas». Según los datos que puso sobre la mesa, «600 cambios de domicilio en los últimos nueve años», lo que sitúa a Castilla y León como la región «con peor saldo, solo superada por Cataluña.En el encuentro, Alanís recordó al delegado del Gobierno «la necesidad de seguir avanzando en la reducción trámites burocráticos», revisar el sistema de la cita previa y teletrabajo en la administración pública, una vez superada la crisis del coronavirus.
