La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, más conocida por su acrónimo, la Faffe, fabricó facturas con sus proveedores de referencia para justificar las subvenciones millonarias que recibía de anteriores gobiernos socialistas en Andalucía. Un atestado policial entregado el pasado 29 de febrero al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla concluye que la entidad de la Junta de Andalucía ideó este sistema supuestamente fraudulento con el objetivo de evitar devolver fondos públicos a la Administración autonómica, ya sea porque no los había gastado, porque tenían difícil justificación o por haberlos destinado a otro fin. El «principal interés» no sería realizar «unos servicios necesarios para la Administración», sino «poder justificar» como fuera, incluso saltándose el plazo legal de realización...
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