« Estamos ante una alcaldada, indigna de una Administración de la importancia y entidad de la Junta de Andalucía » y cuyo daño a las arcas públicas «contribuye a un deterioro profundo de la confianza pública en la probidad de las instituciones y en la misma realidad del Estado de Derecho». Con esta contundencia, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla justifica la condena de dos años y seis meses de cárcel por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a un empresario que administraba la empresa Tartessos Car S.L., un concesionario dedicado a la venta de automóviles y vehículos a motor ligeros en Huelva, que recibió una ayuda irregular de 300.000 euros en la etapa de gobierno del PSOE . Además, le impone además el pago de una indemnización a la Junta de Andalucía de un total de 561.156,73 euros. Lo novedoso de esta sentencia, que afecta a una pieza separada del caso ERE, es que representa una enmienda a la totalidad a la actuación del Gobierno autonómico a la hora de conceder subvenciones a empresas en crisis. «No se sujetó a normativa alguna, otorgándose el dinero e modo de dádiva sin procedimiento alguno sin el cual la Administración , sencillamente, no puede actuar», afirma la sentencia de la Audiencia de Sevilla. Es la primera resolución que se dicta contra un empresario beneficiado con ayudas después de que la mayoría progresista del Tribunal Constitucional haya anulado las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo por el procedimiento específico de ayudas por el que fueron condenados los ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, entre ellos, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. A partir de esta sentencia, el PSOE rescató la figura simbólica de Chaves y llegó a negar la existencia del propio fraude en el sistema de ayudas. Chaves, aclamado por los dirigentes socialistas en la sede regional del partido en Sevilla, calificó el caso ERE como «una operación política, mediática con ropaje judicial montada por el PP, que tenía un objetivo, echar al PSOE de la Junta de la Andalucía». « No se trata de que el sistema de concesión de ayudas en la Junta estuviera o no viciado , que es lo que ha sido la labor del procedimiento específico y objeto de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Se trata de que la concreta ayuda a que se ciñe el caso examinado era ilícita, no porque incumpliera una u otra normativa, que también; sino porque no se sujetó a normativa alguna», advierte la sentencia de la Sección Tercera notificada este miércoles a las partes. «En esta pieza se libra el dinero por las bravas sin la menor lacha y ahí acaba todo », censura el tribunal, que sostiene que «no se entiende que se otorgue ayuda tal a una sociedad que es notorio que está en riesgo de quiebra y no aparece la menor sombra de la viabilidad que pretendidamente propiciaba el Plan bajo el que pretendió cobijarse el ardid defraudatorio». «Es transparente que no hubo procedimiento ni seguimiento de trámites alguno, algo impensable para cualquiera en una concesión de subvenciones o de cualquier ayuda económica pública », afirma la sala. Resalta que en esta pieza separada del caso ERE «no se tiene ni la discutiblemente efectiva precaución, que se ha tenido en otras piezas congéneres, consistente en construir el expediente hacia atrás», es decir, «primero conceder la ayuda, sin más, como aquí, y luego ir reclamando al beneficiario documentos o pedirle que rellene formularios para formar un expediente de fantasía que cubriera de alguna manera la actuación ilegal». En definitiva, para los magistrados, en este caso « se ejecuta de forma burda y procaz una ayuda ilícita con aplicación de fondos públicos a fines que resultaban inidóneos sin procedimiento administrativo alguno y a favor de alguien que no tiene derecho a tal cosa por no reunir condición alguna».
