La Plaza de España de Lora del Río acogió la noche de este pasado sábado una nutrida concentración ciudadana en demanda de soluciones a los cíclicos problemas que viene sufriendo la localidad en materia de abastecimiento y calidad del agua, el último de ellos este verano, con 26 días con el agua declarada no apta para el consumo humano. La concentración fue promovida por los partidos de oposición de la localidad junto con otros colectivos, según señalaba recientemente a Europa Press el portavoz municipal del PSOE, Fran Carrasco . Los promotores del evento, así, han lanzado un mensaje de «basta ya» al Gobierno local del PP, para que «deje de ponerse de perfil y de echar balones fuera», a cuenta de la refriega política por las incidencias en el abastecimiento de agua. Así, los convocantes de la protesta reclaman al primer edil, el popular Antonio Enamorado, que «asuma su responsabilidad, para resolver el gravísimo problema de agua, de una vez por todas», incluso con peticiones de dimisión durante el acto. Al respecto, recordemos que en 2023, durante un gran episodio anterior de turbidez en el agua en Lora, el Gobierno local del PP atribuía las notables incidencias en el suministro a «las circunstancias de la sequía» y los «26 años de gestión privada» del servicio del agua, periodo en el que la empresa Aqualia habría incurrido en una «falta notoria en el mantenimiento y limpieza de las tuberías y en las inversiones» en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), entre otras deficiencias achacadas a esta entidad privada otra responsable del agua en la localidad. A mediados de julio la localidad se veía de nuevo inmersa en un notorio episodio de turbidez del agua, que presentaba una preocupante coloración, siendo declarada el agua como no apta para el consumo humano al superar los valores límite de concentración de manganeso, una prohibición que se prolongó hasta el pasado 14 de agosto. El asunto, más allá de la incidencia en la población, se tradujo en un constante cruce de acusaciones entre populares y socialistas, pues el alcalde, el popular Entonio Enamorado, aseguraba que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) había «desembalsado en los últimos tres meses hasta 14 hectómetros cúbicos de agua de la presa José Torán, provocando corrientes y turbulencias que han removido el lecho del pantano rico en manganeso», con la correspondiente incidencia en el agua corriente de la localidad. La CHG, de su lado, alegaba que «no está comprobado que el movimiento de las aguas dentro del embalse sea la causa de los incrementos de los niveles de manganeso que afectan al abastecimiento del municipio»; avisando de que el Ayuntamiento debería invertir en reforzar su planta de tratamiento, «lo que es una competencia exclusivamente municipal», para solucionar «de una forma definitiva» el problema. Más recientemente, el presidente de la Diputación , el socialista Javier Fernández, señalaba que las competencias sobre agua las ostenta el Consistorio, que los técnicos de la Diputación «dicen que hay que hacer una depuradora nueva» pero la decisión corresponde al Gobierno local, al que instaba a actuar; y que el ente supramunicipal colaborará económicamente con ese proyecto y prevé ya mejoras en la actual depuradora. Tras ello, el alcalde popular acusaba a Fernández de «hacer política con la situación del agua y de limitarse a »culpar al equipo de Gobierno de la situación, ofreciendo datos engañosos o erróneos como indicar que el Ayuntamiento no había invertido en el ciclo integral del agua«, ante lo cual esgrimía que »hasta 2022 la gestión estaba en manos de una entidad privada (Aqualia) , y durante el año 2023 fue el partido del presidente el que gobernó once meses el Consistorio y no realizó ninguna inversión«.
