El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha lamentado la persecución que la Junta de Comunidades está ejerciendo sobre los médicos de la región a través del Decreto del Registro de Profesionales Sanitarios Objetores de Conciencia , actualmente en proceso de tramitación por la Consejería de Sanidad. Este proyecto de decreto obliga a los profesionales sanitarios a declarar su objeción de conciencia en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. Iván Sánchez ha denunciado que este registro supone una violación del derecho fundamental a la objeción de conciencia , y considera que someter a los médicos a una inscripción previa para ejercer este derecho es un paso más hacia la «coacción y el control» de los profesionales. Como ha informado ABC en reiteradas ocasiones, en los hospitales públicos de la región no se practican interrupciones voluntarias del embarazo porque t odos los profesionales están acogidos a la objeción de conciencia , un derecho «constitucionalmente reconocido», realidad que se conoce hace décadas en Castilla-La Mancha. Por ello, una mujer que quiera interrumpir voluntariamente su embarazo en la región puede hacerlo, pero no en los hospitales públicos, sino en dos clínicas concertadas , situadas en Albacete y Ciudad Real. Además, muchas mujeres prefieren las clínicas privadas porque es más discreto y prefieren no ir a un hospital. Pero Vox argumenta que «este registro no es más que una herramienta de control del Gobierno socialista de Emiliano García-Page para perseguir a aquellos médicos que se niegan a participar en abortos «, ha señalado Sánchez, quien considera que la objeción de conciencia es un derecho fundamental que no necesita ser regulado ni controlado por la Administración . Iván Sánchez ha sido especialmente crítico con el hecho de que « no se puede permitir que, en lugar de defender a los médicos, la Junta los obligue a declarar públicamente su postura sobre un tema tan personal y delicado como este.» Además, ha denunciado que a la confidencialidad del registro no está garantizada , ya que las personas responsables de los centros donde se practican interrupciones voluntarias del embarazo tendrán acceso a esta información. «Estamos ante un intento más de instaurar un sistema de control propio de regímenes totalitarios «, ha advertido Sánchez. Desde Vox Castilla-La Mancha se subraya que lo verdaderamente necesario no es un registro de objetores, sino un registro de aquellos profesionales que están dispuestos a realizar abortos . En otro orden de cosas Iván Sánchez ha denunciado la carencia de profesionales que está sufriendo el Servicio de Salud regional al «bloquear todas las contrataciones por motivos de ejecución presupuestaria hasta el 31 de diciembre». Esta situación, que según explican desde el CSIF, está generando «graves dificultades en todas las gerencias «, ha derivado en que se dejen de cubrir incapacidades temporales inferiores, vacaciones o vacantes, » llegando incluso a denegar permisos de trabajo aduciendo necesidades de servicio «y está desbloqueando las incorporaciones en lo que considera servicios esenciales como Urgencias, UCI y quirófanos».
