El Gobierno volvió a advertir ayer que el trámite parlamentario para la aprobación de cualquier medida será un camino pedregoso teniendo en cuenta que debe aunar en sus proyectos o decretos presentados en el Congreso de los Diputado s distintas y distantes sensibilidades políticas. Ni si quiera la rúbrica de un acuerdo tripartito con patronal y sindicatos parece ya un salvoconducto suficiente para asegurarse el éxito en la Cámara Baja, tal y como se ha constatado con el alcanzado por Seguridad Social en materia de pensiones a finales del pasado julio. Cuenta de esta circunstancia dieron los partidos políticos durante la comparecencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la Comisión del Pacto de Toledo en la que presentó a los grupos políticos las medidas fundamentales del acuerdo alcanzado con las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos UGT y CC.OO. sobre cuatro puntos fundamentales: la mejora de la compatibilidad de pensión y trabajo; la regulación de un nuevo procedimiento de acceso a la jubilación en actividades con alta peligrosidad; el mejor aprovechamiento de los recursos asistenciales de las mutuas en procesos traumatológicos; y las mejora de los coeficientes de cotización para las jubilaciones de los trabajadores fijos discontinuos . El Ejecutivo pudo advertir tras las intervenciones de los partidos que sustentan la débil coalición del Gobierno que se deberá remangar e incluir ciertas demandas de los grupos si quiere contar al menos con el apoyo que dio luz verde a la presente legislatura. Especialmente incisivo fue Junts que avisó a la ministra Elma Saiz que tras esta primera toma de contacto «está claro que habrá run run para ajustarlo» cuando llegue a la Cámara Baja. Concretamente, el partido Carles Puigemont critica la «falta de ambición» de algunas de las medidas y reclama en el punto de la ampliación de la colaboración con las mutuas de accidentes de trabajo extender el marco para que puedan confirmar las bajas, y también dar el alta a los trabajadores en incapacidad temporal. Además, sobre la configuración de un convenio marco de colaboración único para todas las comunidades autónomos como pretende el acuerdo alcanzado en el seno del diálogo social, desde Junts critican el cariz centralizador del mismo y piden que se aborden «singularidades» para Cataluña, con problemas sanitarios y laborales específicos. «Tenemos uno de los sistemas de salud más tensionados del Estado es evidente que hacen falta medidas concretas para Cataluña», señalaba el diputado de Junts y portavoz en la Comisión del Pacto de Toledo, Josep Maria Cervera . Criticaba el portavoz sobre el tema de las bajas que las confirmaciones de altas sigan siendo emitidas solo por los profesionales de salud, y reclaman «que las mutuas deberían poder hacerlo, no solo el sistema público , sobre todo en las de corta duración». Extremo que el acuerdo no prevé. Así, demandaba Cervera hacer participar más a las mutuas en las bajas de incapacidad temporal. «Que las mutuas den las altas y las bajas en Cataluña ayudaría a descongestionar el sistema de salud », señalaba recordando que el 85% tiene una duración menos de 15 días y el 33% menos de tres días. Prueba de que el acuerdo aún está pendiente de un buen puñado de conversaciones entre el Gobierno y sus socios , está en el hecho de que sobre esta misma materia de la mayor participación de las mutuas en los procesos de incapacidad temporal de carácter traumatológico es que los socios del ala más de izquierda, caso de ERC y EH Bildu , se refirieron a este punto precisamente en la dirección contraria. Así se expresó Jordi Salvador i Duch , diputado de ERC y portavoz del Grupo Republicano en el Pacto de Toledo, señalando sus discrepancias hacia este punto por dar más poder a la sanidad privada en la gestión de las bajas laborales. Asegurando que este tránsito no dota de mayor «transparencia» al sistema y reclamando que se refuerce en todo caso la asistencia del servicio público sanitario. Mientras que el portavoz de Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo , deslizó la preocupación de su grupo por que este primer paso adoptado para las bajas de carácter traumatológico se amplíe en el futuro sobre otras causas de incapacidad temporal, como las psicológicas. Recordando en este punto que la propia Elma Saiz ha tildado este primer paso como un proyecto piloto de colaboración con las mutuas, abriendo la puerta a su aplicación en otras materias de cumplirse los objetivos, principalmente de ahorro de costes para la Seguridad Social en esta materia, que rebasó en el pasado ejercicio sobradamente los 14.000 millones de euros -el doble que ante de la pandemia- y que ha cierre de julio de este año ya había crecido un 17% respecto al pasado ejercicio ahondando en el incremento desbordado de los desembolsos a tal efecto por parte de la Seguridad Social. Por último, otro de los aspectos que los partidos llamaron a resolver es la ausencia de una memoria económica de impacto de las medidas abordada en el acuerdo, especialmente en materia de costes para el sistema público de pensiones o de ahorro en caso de darse tal circunstancia si la ampliación de los supuestos de compatibilización de pensión con un trabajo dan cabida a un aumento de la edad efectiva de jubilación.
