Un día después de aprobar su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha adoptado su primer acuerdo en relación con el pacto suscrito entre el PSC y ERC que incorpora una financiación «singular» para Cataluña. Aunque de momento no hay ningún trámite administrativo ni decisión formal que desarrolle este pacto, la Junta de Andalucía ha adoptado un acuerdo en el que ratifica su rechazo a este modelo, veta las negociaciones bilaterales y encomienda a la Consejería de Economía y Hacienda que inicie todas las «actuaciones necesarias». Con estos tres puntos de base, el Gobierno andaluz fija formalmente posición a la espera de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque al presidente andaluz, Juanma Moreno como ha anunciado. Así, siguiendo la línea del pacto suscrito entre todos los barones del PP el pasado viernes, cualquier avance en el modelo de financiación debe tener como punto de partida el rechazo al acuerdo firmado por Cataluña. A partir de ahí, se negociaría la aplicación de un fondo de nivelación o de un nuevo sistema de financiación con un mejor reparto de los recursos y un mayor equilibrio vertical. En segundo lugar, como ya hizo el presidente de la Junta el viernes se cierra la puerta a cualquier « acuerdo o negociación bilateral «. No habrá pactos entre el Gobierno central y Andalucía (aunque se trata de un modelo que permite el Estatuto de autonomía) y todo se remite a la Conferencia de Presidentes y al Consejo de Política Fiscal y ¨Financiera. No habrá ni revisión bilateral de la financiación andaluza, ni de la quita de deuda ni de la cesión de competencias. En tercer lugar, el Gobierno andaluz empieza a concretar su anuncio de «movilizaciones sociales» : la Consejería de Hacienda iniciará una ronda de reuniones con los agentes sociales y económicos para tratar de generar adhesiones al rechazo a la financiación singular catalana y un marco que contribuya al éxito de las movilizaciones sociales que se programan para este otoño. Ya una vez que se apruebe la financiación, la Junta ha anunciado en repetidas ocasiones que trabajará la vía administrativa y jurídica que podría llegar incluso al Tribunal Constitucional. «Vamos a tratar de que toda la sociedad civil conozca los agravios que se puedan producir para Andalucía. Expresamos nuestra más rotunda oposición a que se privilegie a un territorio concreto y con una negociación bilateral del sistema de financiación. Los recursos de todos los españoles no se pueden decidir unilateralmente«, explicó la portavoz del Gobierno, Carolina España.
