Prevención de riesgos laborales, chequeos médicos periódicos, formación, protocolo anti acoso... el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy un real decreto con más derechos para las empleadas del hogar, en su mayoría mujeres. Y lo hará en un momento crítico para el colectivo, en su nivel más bajo de afiliación en doce años, desde que se incorporaron al régimen general. Hoy hay poco más de 370.000 afiliadas a la Seguridad Social, lo que llevó hace unos meses a la patronal a dar la voz de alarma, a advertir de la economía sumergida y a pedir al Gobierno que apoyara con medidas fiscales y reducción de cotizaciones sociales a las familias. Sin embargo, la norma que hoy pasa por la mesa del Consejo de Ministros traerá más derechos para las empleadas y nuevas cargas para las familias, que desde el próximo año deberán e valuar los riesgos que corren estas trabajadoras en los domicilios , con una herramienta que facilitará el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), y el Sistema Nacional de Salud (SNS) les ofrecerá exámenes médicos gratuitos y periódicos. El real decreto incluye también para las trabajadoras la realización de formación por internet sobre los riesgos asociados a las tareas del hogar. Esta se realizará solo una vez aunque se preste servicio en varias casas y se hará dentro del horario de trabajo si es posible, o fuera de la jornada pero compensable con tiempo de descanso equivalente, según la reforma emprendida por el Gobierno. Cuando entre en vigor la norma, las familias estarán obligadas a realizar reconocimientos médicos a su empleada; será único, aunque se tengan varios empleadores, con una periodicidad cada tres años, y requerirá del consentimiento de la persona trabajadora con «las debidas garantías de respeto a su intimidad». El servicio será ofrecido por la sanidad pública , salvo que las familias quieran contratar un seguro privado. El coste, en cualquier caso, «no deberá recaer en modo alguno sobre las personas trabajadoras», aclara la norma. Sobre el empleador sí recaerá el coste de «los equipos de trabajo adecuados para el correcto desempeño de sus funciones» y los deberá reponer cuando resulte preciso. Además, los empleadores estarán obligados a informar y adoptar las medidas necesarias en caso de peligro grave e inminente en el hogar , supuesto en el que no podrá exigirse la reanudación del trabajo mientras persista el peligro. Asimismo, la norma también prevé la implantación de un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso en el servicio del hogar familiar, que será elaborado por e INSST en el plazo máximo de un año desde la publicación del real decreto. Contratar a una empleada del hogar se ha convertido en un lujo para muchas familias, en especial los pensionistas. Las sucesivas subidas del salario mínimo (SMI), del 54% desde que gobierna Pedro Sánchez, y el aumento de las cotizaciones están estrangulando los bolsillos . Contratar hoy a una trabajadora del servicio doméstico a jornada completa tiene un coste superior a los 1.500 euros mensuales. Hay que tener en cuenta que al salario mensual se debe sumar el importe a desembolsar a la Seguridad Social una vez que se ha dado de alta el contrato por parte de la familia empleadora. El tipo de cotización por contingencias comunes sobre la base de cotización a aplicar en cada caso es del 28,30%. Esta cuantía se divide a su vez en un porcentaje del 23,60% a cargo del empleador y del 4,70% a cuenta de la propia empleada de hogar y que se resta en la nómina. Como ocurre de forma general, el empleador y trabajadora también pagan el mecanismo de equidad (MEI) para afrontar las pensiones y desde 2022 las empleadas de hogar se rigen por un nuevo marco normativo que incluye, entre las principales novedades, la obligatoriedad de cotizar por desempleo y Fogasa. Muchas familias y pensionistas, sobre todo, han optado por modificar el contrato y recortar la jornada laboral de la empleada para esquivar el alza y pagar lo mismo y, en el peor de los casos, han tenido que despedir ante una espiral de costes que no pueden o están dispuestas a desembolsar de golpe. La Asociación Española de Servicios Profesionales y Domésticos (Aespd) ha reclamado al Gobierno que apoye a las familias para que contraten. Sobre el descalabro de afiliación augura que seguirá. «No parece tener remedio de no haber ninguna medida que incentive las contrataciones, a través de medidas que incrementen tanto las bonificaciones de la Seguridad Social , como las desgravaciones fiscales».
