El Tribunal Constitucional ha amanecido con su mesa repleta de recursos en contra de la ley de Amnistía. Una cascada burocrática diseñada por el Partido Popular y las comunidades que preside y a la que se han sumado también Castilla-La Mancha, el único territorio díscolo dentro del universo socialista. En total, han sido siete las autonomías que han registrado su escrito -Andalucía, Aragón, Galicia, Madrid, Región de Murcia, Cantabria y Castilla-La Mancha- y a ellas se sumarán las cinco que faltan: Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Baleares y La Rioja. Ofensiva armónica que pretende poner a prueba la mayoría progresista del Constitucional. Abierta la veda la semana pasada, con la presentación del recurso de inconstitucionalidad por parte del Partido Popular, esta semana le tocaba el turno a las comunidades gobernadas bajo sus siglas. Once en total. Todas ellas habían ya anunciado antes del verano su intención de acudir al Constitucional y todas han apurado el plazo de presentación al máximo, evidenciando la estrategia común. La versión oficial habla de agotar el tiempo por la necesidad de elaborar un documento riguroso y detallado. Lo más ajustado a derecho posible. Y debe ser verdad, porque hasta Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page, ha exprimido casi hasta el final el plazo. Entre las comunidades que han enviado su escrito al Constitucional está Madrid, cuya presidenta explicó ayer que no podía mantenerse «de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política que se ha perpetrado en la historia de la democracia». Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que es una ley «escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña, es arbitraria y obscenamente inconstitucional». Preguntada sobre si confiaba en la imparcialidad del Tribunal Constitucional para evaluar esa ley y si aceptará lo que determine, ha subrayado que «no se trata de confiar o no, sino de hacer lo correcto». Ha justificado, además la recusación de tres magistrados por su «pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE», partido que presentó el texto, «lo que les inhabilita para enjuiciar» su constitucionalidad, informa Mariano Calleja . Este extremo de la recusación de Cándido Conde-Pumpido , Juan Carlos Campo y Laura Díaz, que también incluía el recurso general del PP, lo han recogido otros de los escritos registrados este lunes, como el de Galicia, Valencia o Andalucía. «La ley de Amnistía representa un atropello a un derecho fundamental ante el que Andalucía no puede, no debe y no va a mirar hacia otro lado», coincidía Juanma Moreno, presidente andaluz, durante la inauguración de la nueva sede judicial de Lucena, el segundo municipio más poblado de la provincia de Córdoba. Allí, Moreno ha afirmado que «Andalucía se dejará la piel en la defensa de la igualdad de todos los españoles, piensen como piensen y vivan donde vivan». Su gobierno confirmaba poco después el anuncio hecho por el dirigente y daba algunos detalles del recurso, muy parecido al de Madrid y al que la semana pasada presentó el PP. «La Junta de Andalucía reconoce que las Cortes Generales tienen atribuido el ejercicio de la potestad legislativa, pero recalca que dicha potestad está sujeta a límites, debiendo ejercerse de manera que no vulnere la Constitución Española ni suponga una reforma encubierta de la misma». No por esperada, la oposición de la comunidad de Castilla-La Mancha ha dejado de llamar la atención. El gobierno socialista de Emiliano García-Page ha cumplido con su palabra y ha registrado este lunes su recurso contra la norma impulsada por su propio partido. Otro desafío a La Moncloa por parte de su barón más rebelde. Las conclusiones del dictamen solicitado al Consejo Consultivo son «contundentes» respecto a la inconstitucionalidad de la norma , han señalado a ABC fuentes del Ejecutivo autonómico. Respecto a la adecuación de la ley al bloque de la constitucionalidad, -sobre lo que también se había pedido pronunciamiento-, el Consejo Consultivo determina que la Amnistía no tiene cabida en la Constitución y, además, plantea que su aprobación habría requerido una reforma constitucional. «La amnistía no tiene encaje en el bloque constitucional. Vulnera el principio de igualdad amparado en el artículo 14 de la Constitución y los principios de interdicción de la arbitrariedad», señala el informe. Todos los recursos presentados hasta el momento van en la misma línea, denunciando la inconstitucionalidad de la norma al hablar de «una reforma encubierta» de la Carta Magna y haciendo hincapié en que haya sido impulsada por los mismos que van a beneficiarse de ella. En el caso del escrito de la Xunta de Galicia, que también incluye la recusación de los tres magistrados citados, se apunta a que la norma «vulnera el principio de la separación de poderes al dejar sin efecto decisiones firmes adoptadas por el Poder Judicial», según explicó Alfonso Rueda, presidente gallego. En el caso de la Región de Murcia y Aragón, el recurso llegó al Tribunal Constitucional por partida doble. Además de los gobiernos de sendas autonomías, sus parlamentos también elevaron un escrito al TC. La impugnación del Ejecutivo murciano dirigido por Fernando López Miras expone dos argumentos principales. El primero es que la Constitución «no hace mención alguna a la institución de la amnistía»; el segundo reside en que, incluso en el caso de que si tuviera encaje en la Carta Magna , la amnistía vulnera de forma «flagrante» hasta seis principios fundamentales consagrados en el ordenamiento jurídico, entre ellos la igualdad entre españoles residan donde residan y la separación de poderes. «Es una ley vergonzosa que genera más desigualdad entre españoles», ha señalado el presidente murciano. En el recurso de Aragón se expone un argumento novedoso, pues denuncia que la fórmula de la proposición de ley y el procedimiento de urgencia seguido para aprobar la Amnistía «infringe los principios democráticos del Estado de derecho exigidos por la Unión Europea al no dar oportunidad de una adecuada participación social, institucional y política en su elaboración, conforme a las técnicas de la democracia deliberativa, lo que puede plantearse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la vía de la cuestión prejudicial». Un asunto, el de elevar la cuestión a Europa, que no es baladí, pues en la dirección del Partido Popular confían mucho en que sean las instituciones europeas las que puedan frenar finalmente la norma. En Cantabria, ha sido su parlamento el que ha presentado el recurso, al que se unirá hoy el del Gobierno regional. No será el único, pues el resto de comunidades presididas por el PP que no han aprovechado este lunes para hacer su registro lo llevarán a cabo a lo largo de mañana. En Castilla y León, el día festivo obligó a aplazar la presentación que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco hará a lo largo de este martes. Procedimiento similar del Ejecutivo de la extremeña María Guardiola, de la balear Marga Prohens y del valenciano Carlos Mazón, quien ha calificado la Amnistía de «aberración legislativa que rompe la garantía de seguridad jurídica y la protección de los derechos de todos los españoles, incluidos los más de cinco millones de valencianos. Premia la deslealtad, el egoísmo y la insolidaridad», ha señalado. Por último, el gobierno de La Rioja debe aprobar este martes la presentación de su recurso. Un formalismo que concluirá la cascada burocrática que ha llenado la mesa de Conde-Pumpido de argumentos en contra de la amnistía.
