En San Caetano no piensan olvidar las promesas incumplidas de los socialistas. En la campaña de las pasadas elecciones autonómicas, el candidato del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, prometió que con él en la Presidencia de la Xunta la autopista AP-9, la principal carretera de Galicia, sería gratis. El PSOE gallego se estrelló en las urnas del 18F, aquellas palabras se las llevó el viento –¿Sánchez solo aceptaría transferirla y hacerla gratuita si Besteiro era presidente?– y desde entonces el ministro de Transporte, Óscar Puente, navega en un mar de excusas: ""Si alguien pone los 6.000 millones que cuesta, sin problema", dijo en una reciente visita a Galicia. Pero la Xunta ha saltado este jueves a rebatirle. Según un informe encargado por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infrastruturas, rescatar la AP-9 costaría a las arcas públicas un máximo de 2.355 millones de euros. Es decir, menos de la mitad de la cifra de Puente. El informe, elaborado por la consultora Eptisa, lo han presentado en rueda de prensa la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue y el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, que han estado acompañados por el jefe de proyectos de la propia empresa que hizo el estudio, Marcos Maderuelo. El informe trata dos cuestiones que están sobre la mesa: la transferencia de la titularidad de la autopista del Estado a la Xunta, y, por otra parte, el rescate de la infraestructura. Es decir, arrebatar a Audasa la concesión de la autopista, que el Gobierno de José María Aznar prorrogó hasta el año 2048. En cuanto a la transferencia, según este estudio, el paso de la titularidad del Estado a la Xunta sería gratis. Pero eso no quiere decir que no acarree gastos. Por una parte, habría que contar con el pago de un sobrecoste de algo más de 526 millones de euros derivados de la ampliación de las bonificaciones que contempla la ley de transferencia de la AP9, que está todavía en tramitación en el Congreso. Son bonificaciones de las que se beneficiarían usuarios recurrentes, vehículos pesados, familias numerosas y usuarios nocturnos. A esos 526 millones de euros habría que añadir los 1.149 millones de las bonificaciones actuales, que ya está contemplado que se paguen hasta que en 2048 finalice la concesión a Audasa. Esas bonificaciones actuales son por trayectos de ida vuelta, por la asunción por parte del Estado de parte de las subidas y por los peajes a la sombra de Rande y Barcala. Por lo tanto, en total, siempre según los cálculos del informe de Eptisa, el coste total de traspaso sería de 1.676 millones si se meten en el saco las bonificaciones. Por otra parte, el rescate de la autopista supondría para las arcas públicas una cantidad que oscilaría entre 1.612 millones de euros y un máximo de 2.355 millones, siempre según el informe presentado por la Xunta. El baile de cifras se debe a que el informe no establece con exactitud el pago que el Estado tendría que pagar a Audasa como indemnización. En todo caso, aun en el rango superior de la horquilla, el coste sería mucho menor que los cálculos del Gobierno de Sánchez. Preguntado en varias ocasiones, el ministro de Transportes ha ido ofreciendo cifras dispares; la última, de unos 6.000 millones.
