El nombramiento de Isabel Perelló como presidenta del CGPJ expresa un retorno a la normalidad institucional y añade una dosis de esperanza razonable al funcionamiento del órgano que rige el gobierno de los jueces. Que sean los vocales quienes designen libremente y sin injerencias a su presidencia es un precedente que invita a un moderado optimismo. Ha costado, pero el nuevo año judicial que inaugurará Su Majestad el Rey contará ya con una nueva presidenta en el Consejo. Hasta ahora, la negociación partidista que determinaba la elección de vocales incluía, también, la designación de la persona que ostenta la presidencia. Con la nueva fórmula se garantiza un marco de deliberación que exige, a través de una mayoría reforzada, la construcción de un consenso entre las distintas sensibilidades. El método empleado no es perfecto y no garantiza que se escoja a la persona más idónea. Sin embargo, es un protocolo cabal que evita que los partidos políticos puedan designar a personas que acaben asistiendo a intereses de parte que quiebran o debilitan el buen orden institucional. La elección de Isabel Perelló prueba que el acuerdo puede servir para elegir perfiles de probada solvencia. La nueva presidenta es, desde 2009, magistrada del Tribunal Supremo e ingresó en la carrera judicial en el año 1985. Perelló sirvió una década como letrada en el Tribunal Constitucional y su trayectoria exhibe méritos suficientes para confiar en que podrá desempeñar una responsabilidad tan elevada y exigente como la que ahora asume. Es, además, la primera mujer que presidirá el CGPJ y este hecho constituye un síntoma de normalidad que también debe saludarse. A partir de estas premisas, la nueva presidenta, de perfil progresista pero de trayectoria independiente, merece el beneficio de la duda y, por el bien del funcionamiento democrático de nuestro país, sólo cabe desearle el mayor de los éxitos. Su elección valida el acuerdo al que llegaron el PP y el PSOE pero no agota el recorrido de un pacto que todavía debe completarse. Al CGPJ le corresponde proponer ahora a las Cortes un nuevo método de elección de los componentes del Consejo. La Comisión Europea ha conminado a España en numerosas ocasiones a modificar el sistema de selección de los vocales y esta tarea debe acometerse de forma urgente e imperativa. Retomar las componendas partidistas o convertir el gobierno del Poder Judicial en un instrumento al servicio de los poderes políticos o corporativos no puede ser una opción. Perelló debe liderar una propuesta verosímil y responsable y España tiene ante sí la necesidad de demostrarse capaz de arbitrar un método independiente. La trayectoria del Gobierno, afanado en colonizar las instituciones de forma tan visible como impúdica, permite prever con total seguridad que existirán presiones para activar también una influencia ilegítima sobre el CGPJ. La independencia demostrada por Perelló y su prestigio personal enfrentan ahora un nuevo desafío. Cierto es que han sido muchas las personas con perfiles profesionales prestigiosos que, sin embargo, optaron por inmolar su crédito civil al sucumbir a las presiones de Sánchez y sus leales. En esta ocasión, sólo cabe confiar en que Isabel Perelló responda a su encomienda. La magistrada, al igual que los demás vocales, tiene ante sí el enorme desafío de volver a prestigiar un órgano cuya credibilidad se ha visto menoscabada por los abusos partidistas. En su mano está que esa interferencia entre el poder político y el judicial quede interrumpida de una vez por todas.
