Tras el fraude electoral del 28 de julio en Venezuela y la reciente orden de detención del opositor a quien la comunidad internacional considera ganador de esos comicios, la Administración Biden aun está ultimando unas sanciones dirigidas a jerarcas del régimen, y no sectoriales o aplicadas a la economía venezolana en general . Hay de momento unos 15 dirigentes de la dictadura identificados, también en el poder judicial y las autoridades electorales, todos ellos supeditados al dictador, Nicolás Maduro. A estos se les congelarán los activos en EE.UU., si es que los tienen. Además hay 34 familiares de esos jerarcas a los que se les impedirá la entrada en EE.UU. La agencia Bloomberg ha tenido acceso a los borradores de esas sanciones dirigidas, que en teoría deberían imponerse en los próximos días. De momento, este lunes el Gobierno de EE.UU. consiguió que la República Dominicana le transfiriera un avión Falcon que usaba Maduro para algunos desplazamientos, a causa de otras sanciones previas adoptadas por el anterior fraude electoral y el desmantelamiento del Estado de derecho en Venezuela. EE.UU., como otros socios suyos, ha dicho que considera a Edmundo González ganador de los comicios. Maduro se niega a hacer públicas las actas , porque dice que el sistema electoral del régimen es víctima de un supuesto ciberataque del que no hay detalles. De momento, la Casa Blanca no desconoce a Maduro y a diferencia de 2019, no reconoce a González como presidente encargado o interino. Según Bloomberg, las nuevas sanciones se centran en líderes clave que, según EE.UU., colaboraron con Maduro para socavar las elecciones del 28 de julio, incluyendo a miembros de la autoridad electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Asamblea Nacional y las fuerzas de inteligencia, Sebin y Dgcim. En realidad la cúpula del régimen, incluido Maduro, está sometida a sanción tras sanción desde 2019. De hecho, Joe Biden ha aliviado las sanciones dictadas por Donald Trump en 2020 que permitieron un embargo total del crudo. Hoy petroleras estadounidenses como Chevron pueden hacer negocios en el país caribeña, sobre todo para el cobro de la deuda. Tras el fraude electoral y el autogolpe de Maduro, sus fuerzas represoras han detenido a más de 2.400 personas, incluyendo a más de 100 menores, en lo que ha sido la ola de persecución más feroz en los 11 años de mandato del dictador. El lunes, el Gobierno de Maduro ordenó la detención del candidato González, movilizando a la fiscalía, que depende del régimen. Entre los que se espera que sean sancionados están el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil; Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda y uno de los principales negociadores de Maduro; la presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez; la directora del consejo electoral, Rosalba Gil; y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, siempre según Bloomberg. La lista de sancionados también incluiría a un grupo de militares responsables de la represión, persecución, arresto y tortura de opositores al dictador. Además, EE.UU. está preparando un grupo separado de sanciones contra los principales financistas del régimen. Los republicanos han presentado en la Comisión de Exteriores del Senado , en el Capitolio, una ley que impondría sanciones al sector del petróleo de forma general, como sucedió bajo Trump. De momento la Casa Blanca se opone a una medida semejante, y ha concedido licencias a varias empresas para hacer negocios con la petrolera Petróleos de Venezuela (Pdvsa). En 2019, EE.UU. reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado y le invitó a reuniones oficiales en representación de Venezuela. Hoy, Guaidó vive exiliado en EE.UU., tras haber sido desconocido en el cargo.
