La aplicación de la ley de amnistía deberá esperar para la llamada «infantería del 'procés'», la treintena de altos cargos de la administración catalana imputados por su colaboración en la preparación del referéndum del 1-O. La dilación, en este caso, se produce después de que la sección 21 de la Audiencia de Barcelona haya dejado sin efecto la resolución con la que en julio había iniciado el procedimiento para aplicar la amnistía a los implicados. La Audiencia de Barcelona devuelve el caso al juzgado 13 al entender que en la misma causa deben incluirse también a una docena más de investigados, en este caso por los supuestos gastos hechos desde la administración catalana en el extranjero, en la causa conocida como de gasto exterior del 'procés'. La unificación de la causa se produce por la petición de las defensas y de la Fiscalía, que se oponían a la distinción, ya que aunque el expediente de Exteriores se había instruido en el juzgado 18, se había ordenado agruparlo en el 13. La Audiencia sostiene pues que la aplicación de la amnistía debe aplicarse sin distinciones. Entre los representados por las defensas, y que ahora ven satisfechas sus demandas están altos cargos del anterior Govern como Aleix Villatoro, Amadeu Altafaj, Jaume Clotet, Albert Royo o Joaquim Nin. En su resolución, la Audiencia de Barcelona señalan que «en modo alguno hemos sido ajenos a los inconvenientes que podían suscitarse, por las particularidades procedimentales que presenta esta causa, a consecuencia de los avatares procesales ya mencionados, y fruto de la dificultad que conlleva la tramitación de una macro causa, con afectación de casi una treintena de procesados, y a las que se añaden las propias de la fase intermedia del procedimiento ordinario». Aunque no forma parte de la media docena de imputados que presentaron el recurso, en la causa por el gasto exterior de la Generalitat para el 1-O está el exconsejero de Exteriores de la Generalitat , Raül Romeva , que ante el juzgado 18 alegó en su momento que varios informes de interventores avalaron las partidas que él firmó. La causa abierta en el juzgado 18 se basa en un informe del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de la política exterior de Cataluña entre 2011 y 2017. El citado informe recoge que hubo algunas actividades «ajenas a las finalidades » previstas que, presuntamente, tuvieron como objetivo dar a conocer el proceso soberanista y lograr apoyos internacionales. A partir de ese informe y de la denuncia del Ministerio Público, la juez aceptó investigar si el Departamento de Exteriores , por ejemplo, otorgó una «subvención directa» de 40.000 euros a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (Focir), así como otras presuntas contrataciones directas.
