Afganistán ha promulgado recientemente una ley que prohíbe el sonido de la voz de las mujeres en público , ya sea cantando o leyendo. También veta que salgan a la calle sin cubrir sus cuerpos por completo en presencia de hombres que no pertenezcan a su familia. Desde España, un grupo de mujeres ha comenzado ya a recoger firmas para reclamar al Gobierno que lleve esta causa ante el Tribunal Penal Internacional. La politóloga Cristina Monge ha explicado a través de su cuenta de 'X' (antes Twitter), que se trata de una carta lanzada por las mujeres de Más Democracia, que se define como una «organización política ciudadana, que quiere influir en las instituciones, partidos, medios de comunicación y opinión pública trabajando en red para mejorar la calidad de nuestra democracia e incrementar la participación política ciudadana». La petición insta al Tribunal Penal Internacional a que declare como «crimen contra la humanidad el trato a las mujeres y niñas afganas «. »Los responsables de las más de 100 normas y edictos que oprimen a las mujeres y niñas afganas deben ser juzgados y rendir cuentas por sus acciones«, prosigue la carta, que según ha comentado Monge ha logrado más de 1.000 firmas en las primeras horas. Además, las »mujeres españolas con voz y derechos« que promueven la petición reclaman al Gobierno de España que inicie ese proceso ante el Tribunal Penal Internacional, que lidere »ante la comunidad internacional la condena de la violencia institucionalizada contra las mujeres afganas y la puesta en marcha de medidas concretas para erradicar dicha violencia y garantizar los derechos de todas las mujeres y las niñas«. Las mujeres y niñas afganas, denuncia la organización en el escrito, están «bajo un régimen de represión que vulnera sus derechos humanos más básicos, donde sufren opresión, violencia, represión, acoso y vejaciones constantes». Lo que necesitan, insisten las promotoras de esta iniciativa, son derechos. Por ello, la iniciativa reclama a las autoridades públicas de todos los países, así como a las organizaciones internacionales que actúen ante la situación de las mujeres afganas. «Que tomen partido y no permitan más esta vulneración de derechos fundamentales de las mujeres y las niñas por el hecho de ser mujeres. Estas prácticas contra las mujeres afganas constituyen sin duda un delito de lesa humanidad tipificado en el artículo 7 del Estatuto de Roma y, como ha solicitado el Relator de Naciones Unidas, deben considerarse apartheid de género», apuntan.
