La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil ha aprobado este lunes por mayoría mantener el cierre de la red social X hasta que la plataforma cumpla con las decisiones anteriores de la Justicia, que incluyen multas por valor de 18 millones de reales (cerca de 2,9 millones de euros). El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes , responsable de imponer el bloqueo, ha sido el primero en emitir su voto, recordando que los responsables de la empresa de manera «reiterada, consciente y voluntaria» desoyeron todas y cada una de las órdenes judiciales y multas que se le impusieron. Todo ello, generó un «ambiente total de impunidad, una suerte de 'ciudad sin ley', en las redes sociales brasileñas». Así, acusa a la plataforma de Elon Musk de servir de altavoz en Brasil de «grupos extremistas y milicias digitales» para la «divulgación masiva» de discursos racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos. El juez ha lamentado que pese a los intentos del Supremo por ponerse en contacto con los responsables de la empresa, así como por concederles «todas las oportunidades» para cumplir con las órdenes judiciales y solventar las multas, ha sido imposible debido a la falta de interés de la otra parte. «La conducta ilícita de Twitter International Unlimited Company y de X en Brasil por medio de declaraciones de su principal accionista extranjero, Elon Musk pretende continuar incentivando las publicaciones con discursos extremistas, de odio y antidemocrático, e intentar separarlos del control judicial», apunta. Posteriormente, le ha seguido el voto favorable de Flávio Dino y Cristiano Zanin. Quedan por hacerlo Cármen Lúcia Antunes y Luiz Fux, pero la decisión ya cuenta con la mayoría suficiente para seguir adelante. «La libertad de expresión es un derecho fundamental que está ligado de manera umbilical al deber de responsabilidad. El primero no existe sin el segundo y viceversa», ha señalado Dino, quien ha reprochado a la empresa querer situarse «por encima de la ley» al haber desobedecido las anteriores decisión judiciales. Dino y Zanin también han coincidido con De Moraes que se debe imponer una multa de 50.000 reales (8.000 euros) a toda aquella persona, física o jurídica, que se sirva de «subterfugios tecnológicos» —véase el uso de VPN— para continuar utilizando X. La orden de bloqueo fue dada por De Moraes el pasado viernes, con una alerta a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para que comunicara a más de 20.000 empresas del sector que debían impedir a sus usuarios acceder a X. Algunas como Starlink, del propio Musk, ya han adelantado que no acatarán la medida.
