Enrique, Iván, Israel y Karim están cansados. Cansados del trasiego de turistas en su edificio –el número 13 de la calle de las Infantas, en el barrio de Chueca –. Del traqueteo continuo de sus maletas por las escaleras, de madera. De las constantes subidas y bajadas en ascensor. De las llamadas al telefonillo a horas indecentes, del ajetreo, de las jaranas imprevistas, del vocerío de madrugada. Y de la basura en el rellano. Todo esto se debe a que de los 22 inmuebles que conforman el bloque, ocho son viviendas de uso turístico (VUT, por sus siglas). Y van a más. Esta es la razón por la que los cuatro jóvenes, según aseguran, terminarán abandonando el edificio en un futuro no muy lejano. Cuando se les acabe el contrato, seguramente. De hecho, Enrique e Iván dejarán la calle de las Infantas el próximo diciembre. Esto acarrea también otro problema. «Sistemáticamente, cuando un inquilino deja su vivienda, la convierten en un Airbnb por habitaciones . Yo dejé un inmueble en el tercer piso. Se cargaron el salón y sacaron dos habitaciones más. Por él pagaba 1.300 euros de alquiler. Hice un cálculo a tanto alzado y ahora sacarán alrededor de 6.000 por el mismo. Es decir, realmente hay más de ocho VUT. Y si no hay rendición de cuentas y no hay una sanción, la gente no deja de hacer este tipo de negocios», explica Ismael. Contabilizar el número exacto de estos inmuebles en la capital es complicado. Según los últimos datos, ofrecidos por el Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, existen 13.502 apartamentos ofertados en la ciudad. Y sólo 1.008 tienen el permiso urbanístico necesario para poder operar. Es decir, el 92,52 por ciento son ilegales . De estos 1.008, 158 se localizan en Centro. El resto carecen de una adecuada licencia de actividad, como todos los que se encuentran en el bloque 13 de la calle de las Infantas. Los jóvenes residentes cuentan que su caso, además, es un tanto particular. El edificio, entero, es propiedad de un único dueño: pertenece a la Fundación San Pedro y Santa Rosa de Lima , cuyo patronato es el Ayuntamiento de Pinto. «¿A qué se dedica esta entidad? No lo sabemos. No hay objeto fundacional. Se supone que pertenece al Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Pero los estatutos no están publicados. Y en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid n o hay cuentas anuales desde 2020 . Así que no sabemos ni cuánto generan ni qué es lo que hacen», expresa Israel. «Cuando yo empecé a vivir aquí, el edificio tenía portero. Un señor de Pinto muy vinculado a la fundación que me contó que en la localidad había un centro de día que se llama Santa Rosa de Lima, así que yo siempre interpreté que lo que se sacaba de esto era para mantener aquello», prosigue Enrique. Relatan que antiguamente la fundación poseía más inmuebles en Madrid. Todos de la misma persona que antaño donó sus edificios al Ayuntamiento de Pinto para personas en situación de exclusión social . Pero, durante los años, todos se fueron vendiendo. Excepto este bloque. «Antes los pisos se arrendaban a través de una pequeña inmobiliaria, negocio familiar, ubicada en el barrio», explica Enrique. Todo cambia en 2022, cuando la fundación decide traspasar la gestión de arrendamiento de todo el bloque a una entidad privada, a excepción de dos pisos. Uno de ellos el de Israel, que asegura que, no obstante, los caseros no tienen demasiado margen de maniobra , puesto que quedan supeditados a lo que dicta la gestoría: «El poder de negociación es como si de facto gestionasen todo el edificio los mismos». Consideran que la estrategia de muchas de estas gestorías es dificultar la vida de sus residentes para echarlos. Hace casi dos años realizaron obras en el edificio para instalar caldera en todas las viviendas. «Nunca llegaron a funcionar» , apunta Enrique señalando al aparato blanco de su cocina. Iván y él no llegaron a entregar los eléctricos, pero Israel y Karim sí: «Hoy día seguimos sin tener calefacción. Llevamos así casi dos años ya». Los jóvenes señalan que cada vez que se han visto obligados a arreglar algún desperfecto han tenido que «presionar bastante» al administrador. A finales de 2021, a Karim se le estropeó la lavadora y no fue hasta dos meses después que tocó a su timbre el mismo vendedor de Wallapop: «Tuve que adelantar yo mismo el pago hasta que vino el técnico a instalármelo». Y a Israel se le cayó una baldosa de uno de sus cuartos de baño. Y hasta seis meses estuvo con el hueco en el techo. En cuanto a las respuestas del gestor a este tipo de reclamaciones, aseguran que en la mayoría de las veces ha habido una relación tensa: «Nos han llegado a decir, por ejemplo, que nos van a subir el IPC retroactivamente, que van a realizar obras y nos vamos a tener que ir al extrarradio. La vecina de arriba, ya mayor, que siempre ha vivido aquí, estuvo una semana sin dormir». Realizamos una búsqueda rápida por las compañías más populares dedicadas a la oferta de alojamientos. En estos momentos, unas diez habitaciones se encuentran disponibles en el edificio, sólo de la aplicación de Airbnb. En Booking, una. Elegimos fecha, del 14 al 16 de octubre –mínimo piden pasar dos noches– para dos adultos: 834 euros . Los jóvenes expresan que existe un problema de hospedaje en Madrid, en general, y con los pisos turísticos en particular. En Madrid, las VUT se han incrementado un 41 por ciento desde 2017. El pasado mayo, José Luis Martínez-Almeida anunció que congelaría la concesión de licencias durante, al menos, un año, hasta que se apruebe la modificación del Plan de Hospedaje , que se presentará este mes, vigente desde 2019. Además, endureció las inspecciones y ahora las sanciones pueden alcanzar hasta los 190.000 euros . Lo que está claro es que el modelo original de Airbnb se ha desvirtuado completamente: «Pretenden convertir edificios enteros, como este, en pensiones». Tras esto, dejan claro que ellos no están en contra de que el propietario haga lo que crea oportuno, siempre y cuando se haga de manera legal. «Aquí que se está realizando una gestión del inmueble de manera torticera, con prácticas que creemos deshonestas». Las VUT están incluso cambiando la forma de vivir en la capital. «Un modelo con Airbnb ilegales cambia la forma de vivir en los edificios del centro. Estamos observando una relación de causalidad innegable entre estos inmuebles ilegales, sin licencia, y el cierre de pequeños comercios, aumento de los precios, disminución de seguridad... Está cambiando el ocio. Está transformando por completo la ciudad », arrojan. Enrique opina que Chueca es quizás el barrio que peor parado ha salido. Lleva 13 años viviendo en él, desde 2011, y cada vez observa más su degradación: «Ahora la plaza de Pedro Zerolo da muy mal rollo. Sobre todo desde que no dejan de abrir tiendas de alimentación 24 horas y vienen los jóvenes de 'after' porque saben que aquí pueden pillar a deshoras. Hay robos continuamente. Y suciedad. Todo es una vergüenza ».
